Frente a los mensajes y acciones punitivas, reafirmamos los consensos básicos para la seguridad en democracia
En los últimos meses, desde instancias diferentes, se desplegaron mensajes punitivos y políticas públicas que ponen en duda y debilitan acuerdos básicos que hacen posible la construcción de la vida democrática, y por los que hemos luchado desde 1983. Por ello los/as abajo firmantes, organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, consideramos necesario reafirmar:
La clara separación entre asuntos de defensa y asuntos de seguridad. Los intentos de involucrar a los militares en la seguridad interior imitan experiencias lamentables de otros países, que tienen consecuencias graves tanto por la generación de violencia como por la degradación de las Fuerzas Armadas. Constituyen, una forma de evitar un debate serio y plural sobre una política de defensa y sobre cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en un país democrático.
La protección del derecho a la vida debe ser la prioridad del Estado. Por eso, es fundamental regular y limitar el uso de la fuerza policial. Sostener que se debe investigar el uso de la fuerza y sancionarlo cuando no se ajusta a la legalidad implica sostener que el Estado debe cumplir con los estándares mínimos para la actuación de las policías en regímenes no autoritarios. Que sea el mismo Estado el que alimenta la idea de impunidad para los policías y penitenciarios que trasgreden estos límites es un mensaje muy preocupante que promueve la violencia institucional.
La protección del derecho a la protesta en sus diferentes variantes. Las manifestaciones públicas en las calles, así como las huelgas son los recursos con los que cuentan distintos actores (trabajadores, mujeres, indígenas, etc.) para visibilizar sus reclamos e interpelar a las autoridades. Si el Estado busca reducir su frecuencia e intensidad debería habilitar canales de negociación política sustantivos y no sólo formales. Reprimir, judicializar y deslegitimar a los actores que protestan son prácticas que degradan la calidad de la democracia, entendida no sólo como un conjunto de reglas e instituciones sino también como una práctica cotidiana.
El compromiso del sistema político con la prohibición del uso de las agencias de inteligencia para el espionaje político y contra las organizaciones y referentes sociales. Los mensajes punitivos y de ampliación de las capacidades estatales para interferir en la vida de las personas también se traducen en dar mayor poder a las agencias de inteligencia sin exigir ningún control. La histórica crisis del sistema de inteligencia se ha traducido en un grave problema institucional que se materializa en abusos y violaciones de derechos como la inteligencia ilegal sobre organizaciones y referentes sociales o la filtracion de escuchas. La discusión sobre la violencia institucional y el sistema de seguridad no puede dejar de lado este aspecto del problema.
La protección de los derechos humanos requiere un compromiso firme con estos principios básicos que implican orientar las políticas a la limitación de la violencia estatal.
Primeros firmantes
Victoria Donda Pérez – Nilda Garré – Leo Grosso – Estela de Carlotto – Nora Cortiñas – Adolfo Pérez Esquivel – Laura Conte – Beatriz Sarlo – Dora Barrancos – Juan Carlos Schmid – Agustin Rossi – Felipe Solá – Horacio Verbitsky – Hugo Yasky – León Carlos Arslanian – Juan Gabriel Tokatlian – Esteban Gringo Castro – Daniel Arroyo – Margarita Stolbizer – Alberto Rodriguez Saá – Antonio Bonfatti – Cecilia Moreau – Lucía de Ponti – Juan Grabois – Luis Cáceres – Victorio Paulón – Jorge Ceballos – Maristella Svampa – Sofía Tiscornia – Alcira Argumedo – Paula Abal Medina – Diana Kordon – Rocío Alconada Alfonsín – Gustavo F. Palmieri – María Victoria Pita – Enrique Font – Marcelo Sain – Alberto Binder – Manuel Garrido – Carlos H. Acuña – Sabina Frederic – Fernando “Pino” Solanas – Horacio Pietragalla – Elizabeth Jelin – Pilar Calveiro – Catalina Smulovitz – Roberto Gargarella – Máximo Sozzo – Rut Diamint
Abuelas de Plaza de Mayo – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Serpaj – Colectivo Ni Una Menos – CTA de los Trabajadores – CTA Autónoma – CTEP – ATE – SIPREBA – Mov. Evita – Corriente Clasista y Combativa – Barrios de Pie – TECHO – Greenpeace – Amnistía Internacional Argentina – Asociación Miguel Bru – Asociación Pensamiento Penal (APP)
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