Las familias productoras de los periurbanos de las grandes ciudades del país producen casi la totalidad de las frutas y verduras que consumimos. En el periurbano de Buenos Aires, aproximadamente el 75% de las familias productoras arrienda las tierras que habitan y trabajan. En la mayoría de los casos lo hace bajo contratos informales y abusivos. Quienes se declaran propietarios de las tierras les prohíben avanzar con cualquier tipo de construcción para vivir, como estrategia para preservar para sí la posesión informal de esas tierras. Esto obliga a las familias a vivir en casillas precarias. Además los locadores suelen negarse a renovar los contratos luego de un año o dos años. De esta manera las familias deben relocalizarse periódicamente y volver a hacer la inversión necesaria para contar con la infraestructura mínima para producir.
Esta situación de precariedad se agravó con la reciente decisión del Ministerio de Agroindustria de suspender el Monotributo Social Agropecuario, que permite a más de 50.000 familias en todo el país acceder a condiciones mínimas de protección social: obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar. Esta medida se enmarca en una política más general de desmantelamiento de las políticas destinadas a la agricultura familiar, como muestran los despidos masivos que ha sufrido la Secretaría de Agricultura Familiar.
Resulta urgente la implementación de políticas públicas que garanticen a las familias productoras el acceso a la tierra para vivir y producir en condiciones adecuadas. Además el Estado debe garantizar el derecho a la salud y a la previsión social de las familias afectadas por la suspensión del Monotributo Social Agropecuario.