Cristopher Rego, un joven de 26 años, fue asesinado el domingo 12 de agosto por integrantes de la Prefectura Naval Argentina en el barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. Rego habría intentado eludir un control vehicular, y esto habría dado lugar a que los efectivos reaccionaran disparando contra su automóvil. Luego un grupo de prefectos se acercó al lugar de los hechos en un auto particular y retiró las vainas, en un intento por alterar la escena del crimen y garantizar su impunidad. La investigación del fiscal Daniel Pablovsky permitió identificar a los involucrados, que fueron detenidos por la Policía de la Ciudad.
Autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Prefectura Naval dieron a conocer hoy la decisión de comenzar el proceso de exoneración de los detenidos. Esta medida es presentada como una muestra de firmeza. Sin embargo, el accionar de los prefectos se enmarca en los mensajes de promoción de la violencia policial que el Ministerio viene difundiendo en los últimos meses. Sin ir más lejos, hace 48 horas la ministra Patricia Bullrich se volvió a reunir con el policía Chocobar para mostrarle su apoyo. En ambos casos se trata de situaciones de uso irracional e ilegal de la fuerza que la normativa prohíbe expresamente pero que las autoridades vienen presentando como ejemplo de lo que es ser un buen policía. Las discusiones sobre uso de la fuerza han así retrocedido durante esta gestión a niveles previos a los del caso Carrera, que presenta algunas similitudes con el asesinato de Cristopher.
En la zona de Barracas y Parque Patricios las intervenciones violentas de la Prefectura son cotidianas, y el Ministerio a su cargo no hace nada para prevenirlas. En este momento seis prefectos están siendo juzgados por las torturas impuestas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya dos adolescentes en la Villa 21-24. En ese caso la reacción ministerial fue la misma: cuando era evidente que los efectivos serían procesados, se decidió expulsarlos da la fuerza. Sin embargo, no se realizan investigaciones internas para conocer las responsabilidades de los jefes. Tampoco se han diseñado mecanismos para controlar a la Prefectura en el barrio. El caso de Iván y Ezequiel podría haber servido como una alerta temprana para que se tomaran medidas de prevención, pero nada se hizo. Sin ningún tipo de control, los prefectos continúan hostigando jóvenes y armado causas. Más aún, desde 2018, por medio de una resolución ministerial, se limitaron las funciones de las áreas encargadas del control de casos de violencia institucional y uso de la fuerza.
El Ministerio de Seguridad de la Nación es directamente responsable de los altos niveles de violencia policial que se registran en la zona sur y debe tomar medidas al respecto con urgencia.
Foto: Nahuel Alfonso