La jueza María José Lescano, del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de La Plata ordenó al Ejecutivo bonaerense otorgar al CELS en un plazo de 20 días toda la información pública sobre la aprobación de barrios cerrados, clubes de campo y otras formas de urbanizaciones cerradas, desde 2013 en adelante, es decir, desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la 14.449, en la provincia de Buenos Aires. Además, deberá suministrar la información relativa a la aprobación del emprendimiento inmobiliario Venice, desarrollado por la empresa TGLT S.A. en Tigre.
En julio del 2017, solicitamos a la Subsecretaría de Tierras, Vivienda y Urbanismo de la provincia esa información. Ante la negativa del gobierno, iniciamos una acción de amparo y, durante el proceso judicial, la Subsecretaría entregó una parte de lo solicitado, pero se negó a brindar el resto. La información que solicitamos es fundamental para hacer un seguimiento del nivel de implementación de la ley de Acceso Justo al Hábitat.
Cuando el Estado entrega permisos de construcción y nuevos usos del suelo, otorga en ese trámite administrativo un plusvalor. La ley 14.449 establece que los municipios tienen la obligación de cobrar a los grandes desarrollos inmobiliarios un porcentaje de esa valorización del suelo y destinar lo recaudado a políticas públicas de acceso a la tierra y a la vivienda para los y las bonaerenses. La información que solicitamos es necesaria para conocer el universo de emprendimientos a partir de los cuales los municipios deberían proyectar políticas de acceso al hábitat.
Esta resolución judicial es complementaria de una serie de sentencias que reafirman la obligación del Estado y de los actores privados de transparentar los procesos de obtención de permisos y derechos urbanísticos para emprendimientos inmobiliarios cerrados. Recientemente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín desestimó un pedido de la empresa TGLT S.A. de eximirse de su responsabilidad respecto de Venice. De esta manera confirmó la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 que había obligado a TGLT S.A. a otorgar a las y los vecinos del barrio Garrote, lindante a Venice, los estudios de impacto ambiental y los derechos y permisos en favor de la empresa.
La negativa a brindar información que vienen sosteniendo los actores privados y el Estado es síntoma de la opacidad y la connivencia con la que operan las grandes desarrolladoras inmobiliarias, los municipios y la provincia de Buenos Aires. De hecho, podemos encontrar en áreas centrales para la gestión del suelo a actores que provienen del mismo sector privado cuyos proyectos ahora deben evaluar y aprobar. La orientación de las políticas queda así en manos de representantes de intereses diferentes de los públicos. Por eso, el fallo de la jueza Lescano es importante para conocer la política territorial del gobierno bonaerense y para analizar los impactos que determinadas habilitaciones pueden tener en términos ambientales.