Al sur de la capital de Jujuy se encuentra la Reserva Natural Protegida “Los Diques”, que por más de 30 años ha sido considerada a través de distintas regulaciones un territorio de interés público por su función ambiental decisiva en esa provincia. Allí viven y trabajan casi cien familias campesinas desde hace décadas.
A fines del año pasado, sin embargo, el gobierno logró que la Legislatura jujeña convirtiera la Reserva Natural en un Área de Desarrollo Sostenible, a través de la sanción de la ley 6049/2017. El fin último es cambiar el uso y el modo de ocupación del suelo para urbanizarlo y generar un negocio de venta y construcción de lotes. El avance de este proyecto inmobiliario y turístico previsto por el gobierno generará la expulsión de las familias campesinas que históricamente han habitado y producido en este territorio, además de la degradación de las condiciones ambientales de la zona.
El CELS se presentó como amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, en el marco de una acción colectiva de amparo ambiental que promovió un grupo de familias de la Organización Campesina de Los Perilagos, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Esta acción se realiza en defensa del derecho a la vivienda y a la tierra, del derecho a un medio ambiente sano y del principio de progresividad en materia ambiental.
La sanción de esta norma debe ser declarada inconstitucional por el Poder Judicial de Jujuy, ya que implica una regresión en los niveles de protección medioambiental. La Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos prohíben expresamente que se adopten medidas que den marcha atrás a la protección derechos, como el derecho al medio ambiente, en este caso.