La Cámara de Diputados tratará la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene dictamen de comisión. Durante años las organizaciones de inquilinos e inquilinas junto a la sociedad civil impulsaron una regulación del mercado. Este mes obtuvo dictamen favorable el proyecto que recoge muchas de las demandas históricas.
En nuestro país el alquiler es una opción cada vez más elegida como alternativa para acceder a una vivienda. En los grandes centros urbanos cerca del 26% de los hogares son alquilados. En total más de 7 millones de personas están afectadas por un mercado desregulado que se ha vuelto menos accesible.
Además, en un contexto de retracción de la economía y pérdida del empleo, la situación de las personas que alquilan empeora. El 40% de los hogares de la ciudad de Buenos Aires destinan más del 30% de sus ingresos para acceder al alquiler de una vivienda de un ambiente. Por otro lado, los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Inquilinos arrojan que, en promedio federal, los inquilinos gastan el 45% de sus ingresos para poder sostener el alquiler de su vivienda.
Frente a un escenario de pérdida del poder adquisitivo de los salarios es imprescindible y urgente que los inquilinos e inquilinas cuenten con mayor previsibilidad y seguridad en el acceso a su vivienda.
El proyecto en discusión permitiría que los inquilinos e inquilinas puedan alquilar su vivienda durante tres años como mínimo y que el ajuste de los precios del alquiler se actualice de forma semestral por un índice oficial que promedie inflación y salarios, entre otras medidas que otorgarían mayor nivel de previsibilidad y accesibilidad. Por último, promovería un rol más activo del Estado al transformar los alquileres en una política pública.
El Congreso está frente a una oportunidad para torcer la lógica del mercado y escuchar el reclamo de las más de 7 millones de personas que necesitan un funcionamiento más justo y equitativo del mercado de alquileres.El Congreso está frente a una oportunidad para torcer la lógica del mercado y escuchar el reclamo de las más de 7 millones de personas que necesitan un funcionamiento más justo y equitativo del mercado de alquileres.