Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó las medidas cautelares que suspendieron la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y mantuvo la orden impuesta al Estado Nacional para que retome y termine las obras de infraestructura en los barrios populares. La Cámara tuvo en cuenta que están en juego el derecho a la vivienda digna, a la salud y a un ambiente sano y destacó la especial protección que merecen quienes viven en esos barrios.
En diciembre de 2023, el Estado Nacional decidió desfinanciar el FISU y eso paralizó cientos de obras necesarias para proveer servicios básicos a miles de familias. Por esa razón presentamos en el Juzgado Federal de Pehuajó una acción de amparo colectiva junto con vecinas y vecinos de 37 barrios de todo el país. A raíz de la medida cautelar que solicitamos, el juez ordenó reactivar las políticas de integración socio urbana. Desde entonces, el gobierno incumplió la medida y apeló ante las instancias superiores.
El desfinanciamiento del FISU generó que en distintos barrios quedaran interrumpidas más de 700 construcciones y 11 mil mejoramientos habitacionales, destinados a resolver problemas concretos en los barrios populares. La suspensión de obras también generó pérdidas del dinero que ya fue invertido por el Estado en infraestructura. La mayoría de esos proyectos quedaron a la intemperie y sufrieron deterioros.
El 44% de la población, más de 20 millones de personas, no tienen conexión a la red de gas. El 43%, vive en casas sin cloacas y, todavía, hay un 7% de la población sin acceso al agua potable. Para mejorar estas condiciones, el FISU disponía de un financiamiento muy concreto. El Gobierno Nacional tiene que cumplir con la orden judicial y reactivar una política que buscaba mejorar las condiciones de vida de millones de personas.