El CELS se presentó como querellante en la causa 13.174/2013, que investiga los secuestros, asesinatos, las torturas y desapariciones de trabajadores a manos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que contaron con la complicidad directa de integrantes de la empresa Acindar.
A fines de 1975, la empresa había ordenado a sus operarios que realizaran el trámite para sacar la cédula de identidad de la Policía Federal y que se tomaran fotografías para renovar el carnet de fábrica. Esas fotos terminaron usadas por los militares para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestros y allanamientos. Acindar puso a disposición de las fuerzas represivas medios de transporte y sus instalaciones: en su planta funcionaba un destacamento policial y en los albergues de solteros de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. A este lugar fueron conducidos algunos secuestrados y allí mismo, torturados. Algunas de las víctimas, además, fueron secuestradas en lugares en los que sólo el personal directivo de Acindar sabía que se encontraban.
En ese contexto represivo, Acindar se benefició del proceso de concentración de la actividad siderúrgica durante la última dictadura militar: absorbió otras empresas del rubro y se conformó como un grupo oligopólico. El fuerte de la producción se llevó a las plantas de Villa Constitución y la Tablada, y se redujo personal. Los trabajadores de Villa Constitución venían protagonizando hasta ese momento un proceso de organización con mejoras salariales y aumento de afiliados, que los convirtió en referentes del sindicalismo combativo.
La persecución y posterior desaparición de muchos de ellos estuvo dirigida a quienes eran miembros de la comisión interna o activistas gremiales, por eso la represión es una continuidad de la confrontación entre el capital –con el visto bueno del gobierno militar– y el trabajo. Luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el Ejército se hizo cargo del sindicato intervenido, se incrementaron los despidos y más de cien obreros, delegados y activistas fueron encarcelados.
La documentación de la empresa aporta material relevante: actas de reuniones, balances, detalles de los conflictos laborales, ganancias obtenidas. El presidente de Acindar durante el gobierno de facto, el general Alcides López Aufranc, escribió una carta que acompaña la memoria empresarial de 1975-1976: “A partir del 24 de marzo de 1976… Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva”.
Acindar se valió de recursos públicos, beneficios y prebendas de parte del Estado argentino: los regímenes de promoción industrial, diferimientos y refinanciaciones, la estatización de su deuda por 652 millones de dólares. El presidente del directorio en 1975 fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura desde 1976.
La causa en la que solicitamos ser tenidos por querellantes no investiga delitos económicos, sino delitos de sangre cometidos por actores económicos. En ese sentido, un conjunto de evidencias permite señalar que los miembros del directorio de la empresa Acindar Industria Argentina de Aceros SRL y su personal jerárquico son partícipes de los crímenes de lesa humanidad que sufrieron los obreros y quienes apoyaban sus reclamos. Solicitamos que se los investigue por los secuestros, homicidios y desapariciones que fueron denunciadas y las que surjan de la investigación.