En la ciudad de Santiago del Estero la violencia policial no es un dato novedoso. La comisaría décima del barrio Autonomía cuenta al menos dos muertes investigadas por el poder judicial luego de situaciones de torturas, la de Ramón Vázquez y de Darío Ricardo Pérez. A esos casos se agregan presuntos suicidios, muertes dudosas y denuncias por violencia cuya investigación suele recaer, cuando se realiza, en las mismas policías. En noviembre de 2018, la zona de los barrios Belén y Bosco II, sumó numerosas arbitrariedades.
Luego de una pelea entre vecinos, en la que fue agredido un policía, la Dirección de Investigaciones de la Policía de Santiago del Estero, el Cuerpo de Infantería, el Escuadrón Táctico Motorizado y efectivos de cuatro comisarías intervinieron de forma violenta en la zona, realizaron allanamientos durante la madrugada y detenciones. Las organizaciones populares y los vecinos del barrio denunciaron que los detenidos en la División de Delitos Comunes fueron golpeados a patadas, trompadas, con palos, torturados con picana eléctrica frente a sus familias.
Ese es el contexto en el que se desarrolla, mientras tanto, el juicio contra los nueve policías señalados como los responsables del asesinato de Ramón Vázquez. En septiembre de 2013 entraron en su casa sin orden judicial y se lo llevaron detenido de forma irregular. Murió luego de ser torturado. El debate oral se vio afectado por diferentes retrasos y problemas, que vemos con preocupación. Las maniobras dilatorias llevadas a cabo por las defensas de los policías y las consiguientes suspensiones de audiencias, tuvieron por objetivo frustrar el avance del juicio. Sin embargo, en febrero será la lectura del veredicto.
En septiembre de 2018 el Ministerio Público Fiscal de la provincia creó la Unidad Fiscal de Violencia Institucional para investigar este tipo de delitos en la circunscripción de la capital de Santiago del Estero. A las pocas horas se conoció el fallecimiento de Darío Ricardo Pérez en la misma comisaría décima y, al igual que en el caso de Vázquez, luego de haber sido privado ilegítimamente de su libertad y de ser torturado hasta la muerte en un calabozo. Cuatro de los cinco policías imputados están detenidos.
La legislatura provincial presentó un proyecto de Ley de Prevención de la Tortura que busca la creación de un mecanismo provincial que dé herramientas para combatir esas prácticas. A la fecha, el proyecto no fue discutido.
Como señalamos en otras oportunidades, las investigaciones de estos casos deben avanzar con celeridad y eficacia para identificar a los responsables y sancionarlos. Lo que llama la atención sobre el juicio por el caso Vázquez es que una investigación haya podido avanzar en las responsabilidades policiales, luego de tantas denuncias similares. Santiago del Estero debe adoptar políticas de control de las fuerzas de seguridad y dictar las leyes necesarias para prevenir los hechos denunciados. Su repetición da cuenta de la nula intervención estatal para erradicar la violencia institucional.