El 15 de marzo se cumplieron cuatro meses del incendio en la Comisaría 3 de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires. De las 27 personas que estaban detenidas, diez murieron encerradas en la celda donde se produjo el fuego. La comisaría estaba inhabilitada por orden judicial.
Los familiares junto con organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales realizaron una movilización hasta el lugar para pedir justicia. También colocaron una baldosa recordatoria con los nombres de quienes fallecieron en el incendio.
Aunque este hecho –como el del incendio en la Comisaría 1 de Pergamino donde murieron 7 personas– evidencia el riesgo de vida que implica el alojamiento en dependencias policiales, el Poder Ejecutivo provincial las continúa utilizando como lugares de detención por tiempo prolongado.
Al 31 de enero, había 3191 personas alojadas en comisarías. El 34% estaba en dependencias sobre las que pesa una clausura judicial o que fueron inhabilitadas por el Ministerio de Seguridad. Las condiciones, luego de diecisiete muertes, siguen siendo críticas: hay hacinamiento, pésimas condiciones materiales y violencia. Un video de la Comisaría 3 de Merlo
muestra cómo los presos golpean brutalmente y hostigan a otro detenido. Según denunció su abogado, esta situación se dio con la connivencia del personal policial de la comisaría.
Este escenario en la provincia de Buenos Aires motivó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –a partir de un requerimiento realizado por la Comisión por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS– amplíe las medidas cautelares que existían sobre seis comisarías y extienda la protección hacia 15. En la resolución, la CIDH señaló el riesgo a la integridad física de las personas detenidas en esos lugares.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a pesar de tener un trágico récord de muertos en comisarías y de reconocer los altos niveles de sobrepoblación, sostiene como principal medida de seguridad el aumento del encarcelamiento. Se trata de una vieja receta utilizada por las gestiones
anteriores, que nunca funcionó. El ministro de Justicia, en una nota periodística reciente, propuso una nueva reforma del Código Procesal Penal, que haga eje en la ampliación del uso de la prisión preventiva, de manera tal que convierta ese instrumento en un adelanto de pena para personas sobre las que aún no se definió su responsabilidad sobre ningún delito. Una reforma de ese tipo no resuelve los problemas de seguridad, sólo aumenta la población encarcelada, agrava la sobrepoblación y las graves violaciones a los derechos humanos que hoy se viven en el encierro.
Foto: CELS. 15/03/2019