Distintas disposiciones judiciales ordenaron desde 2011 la inhabilitación de la Comisaría 3era de Esteban Echeverría. Los informes jurisdiccionales y las resoluciones que prohibían el alojamiento de personas narraban las condiciones inhumanas de detención que tenían que afrontar quienes debían vivir allí mientras estaban detenidos y alertaban sobre el riesgo que eso implicaba.
Sin embargo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y, en particular, su Ministerio de Seguridad decidieron desconocer las órdenes de los jueces y alojar detenidos en esa comisaría. Soportaron la precariedad y el hacinamiento durante varios meses, por una decisión gubernamental ilegal.
Hace seis meses, el 15 de noviembre de 2018, se produjo un incendio en la Comisaría 3ra y fallecieron Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Corvera, Jeremías Rodríguez, Eduardo Ocampo, Jorge Ramírez, Juan Lavarda, Juan Fernández, Miguel Ángel Sánchez y Fernando Arguello. A pesar de que estaba inhabilitada para alojar detenidos, ese día había 27 personas en dos celdas. En esa dependencia no existía red de prevención de incendio, no había colchones ignífugos y los dos matafuegos tenían las cargas vencidas. Al lado de la comisaría hay un cuartel de bomberos; aun así, el incendio produjo la muerte de 10 de las 12 personas que estaban en una de las celdas.
La Masacre de Esteban Echeverría no es un hecho aislado, sino que es parte de una situación generalizada en las comisarías bonaerenses. El abandono por parte del Estado de los lugares de alojamiento de las personas privadas de su libertad empeoró durante los últimos tres años, en paralelo a la creciente sobrepoblación de las cárceles y comisarias. Lo que ocurrió en 2017 en Pergamino, donde fallecieron siete personas en las mismas circunstancias, es el antecedente más cercano.
De las 272 comisarías provinciales que alojan detenidos, 105 tienen orden de clausura, pero hay personas que viven en esos lugares.
Para visibilizar esta situación, el 15 de mayo a las 13 hs se realizará una radio abierta en la Plaza Mitre de Monte Grande. El objetivo también es reclamar que se juzgue a las autoridades policiales y a los funcionarios públicos responsables del alojamiento de personas de manera ilegal en ese lugar clausurado.