Salud: el Senado debe realizar audiencias públicas para discutir el proyecto de ley que modificará el sistema

De aprobarse, la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud empeorará las condiciones de acceso a la salud en el país.


El proyecto de ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud (AGNET) que se discute en el Senado podría tener un impacto negativo en el acceso a la salud. Las agencias de evaluación de tecnología sanitaria pueden resultar necesarias para valorar las técnicas médicas, pero de manera preocupante el proyecto le otorga a la AGNET el poder de determinar de acuerdo con “criterios de calidad, efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su valorización ética, médica, económica y social” las prestaciones de salud, los medicamentos, los productos médicos y los procedimientos clínicos y quirúrgicos que serán de cobertura obligatoria, es decir, aquellas que se incorporarán o excluirán del Plan Médico Obligatorio (PMO) de obras sociales, de la medicina pre paga y del sistema público de salud. El proyecto no regula su comercialización, por lo que una porción considerable de prestaciones, procedimientos y medicamentos, quedarán sin cobertura y deberán ser financiadas por las personas.

Más de 30 organizaciones no gubernamentales, universidades y referentes del campo de la salud y de los derechos humanos preocupados por la posible vulneración del derecho a la accesibilidad de las prestaciones de salud y la falta de debate público solicitaron al Senado que implemente audiencias públicas y se gire el proyecto a las comisiones de Salud, Hacienda y Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social.

La falta de participación de la sociedad civil en la formulación de estrategias nacionales de salud es violatoria de las obligaciones del Estado. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha indicado que al formular y ejecutar las estrategias nacionales de salud deberán respetarse, entre otros, los principios relativos a la no discriminación y la participación del pueblo ya que un factor integrante de toda política sanitaria es el derecho de los particulares y grupos a participar en el proceso de adopción de decisiones que puedan afectar a su desarrollo.  El Senado tiene que tomar en cuenta estos argumentos y generar un debate participativo de una ley que afectará a toda la población.

La nota fue firmada por: Asamblea Permanente de Usuarios de los Servicios de Salud Mental (APUSSAM), Asociación Civil Enclaves: Salud Mental y Derechos Humanos, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Argentina de Salud Mental, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, Carrera de Trabajo Social- Facultad de Ciencias Sociales-UBA, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos (CIDDH, Facultad de Derecho, UNMDP), Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Comisión de salud Tucumán, Frente Ciudadano por la salud Tucumán, Consejo Directivo de la Facultad de Medicina UBA, Cooperativa de Trabajo “La Huella” Ltda, Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte, Universidad Nacional de José Clemente Paz, Doctorado en Salud Mental Comunitaria- UNLa, Fundación FOP (Fibrodisplasia Osificante Progresiva), Fundación Soberanía Sanitaria, Grupo de Estudios Sobre Salud Mental y Derechos Humanos (GESMyDH) del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Intercambios Asociación Civil, Maestría en Salud Mental Comunitaria- UNLa, Movimiento Nacional de Salud Irma Carrica, Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR), Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos, Sociedad Argentina de Medicina, Unión de Usuarios y Consumidores, Arnaldo Medina. Vice Rector Universidad Nacional Arturo Jauretche, Dra. Alicia Stolkiner. Miembro de la Coordinación de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Profesora Titular Salud Pública y Salud Mental. Facultad de Psicología. UBA, Dra Celia Iriart. Profesora Emérita Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, Dr.Ricardo J. Gelpi. Decano de la Facultad de Medicina. UBA, Dr. Ricardo Nidd. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Dr. Saul Flores. Ex Ministro de Salud de Jujuy, Juan Carlos Tealdi. Médico, director del Comité de ética y programa de bioética del Hospital de Clínicas, UBA, María Graciela García. Profesora Titular Consumo Problemático de Drogas. Facultad de Ciencias Sociales. UBA.

Para leer la nota enviada al Senado hace clic aquí.

Foto: Fernando Cortijo