Desde el domingo 9 de junio en el Módulo 3 de la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza se agravaron las condiciones de las personas alojadas allí. El Servicio Penitenciario reprimió y redujo a sólo 15 minutos diarios las salidas de las celdas.
Este pabellón ya había sido denunciado por las pésimas condiciones de alojamiento, pero la situación empeoró el domingo, cuando el SPF decidió cambiar las reglas sobre las visitas de familiares. Muchas personas, que habían viajado desde lejos y a la madrugada, debieron irse sin poder ingresar. Esto motivó una protesta de los detenidos, a la que la jefatura del SPF decidió responder con una represión feroz y requisa violenta. Los relatos daban cuenta de que ingresaron al pabellón a los golpes y disparando balas de goma. A partir de la denuncia de la Defensoría General de la Nación se realizó una visita sorpresa a la unidad. En el monitoreo realizado por el Sistema Interinstitucional de Control de Cáceles integrado por jueces, defensores, fiscales, la Procuración Penitenciaria de la Nación y organismos de derechos humanos pudimos constatar que varias personas estaban golpeadas y una de ellas tenía herida de perdigón de goma cerca del ojo.
Hasta el viernes pasado, estas personas estuvieron todo el día en sus celdas mínimas, con una única salida diaria de 15 minutos, lo que los deja en una situación de extrema desesperación. Además, los detenidos relataron que no habían comido por días y los pocos alimentos que llegaron eran pasados por debajo de la puerta.
Además, durante la visita se observó que en el sector de calabozos de aislamiento para sancionados había numerosas personas que estaban alojadas sólo por una decisión arbitraria de los agentes penitenciarios. Incluso, una de ellas, que debía estar bajo tratamiento psiquiátrico, estaba encerrada en una celda a oscuras por falta de luz natural y artificial. Esa era la celda “anti suicidios”.
Ante la visita y el reclamo de los integrantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cáceles , el director de la unidad ordenó la limpieza del pabellón, médicos para atender a los heridos y tomó medidas para finalizar con el aislamiento.
El poder judicial debe investigar y sancionar estos hechos de tortura que fueron relatados por los internos y constatados por el Sistema Interinstitucional de Control de Cáceles. También debe controlar que esta situación no a ocurrir.
Además, el Ministerio de Justicia de la Nación debe avanzar en una investigación interna y generar un programa de uso de la fuerza para la intervención de los agentes penitenciarios ante una protesta que garantice la integridad de las personas alojadas en cárceles federales.