Aborto: una decisión judicial que restringe el acceso a un medicamento esencial

Una medida cautelar impide la comercialización de “Misop 200” en farmacias. La ANMAT lo había autorizado el año pasado.

La justicia federal ordenó suspender la resolución 946/18 de ANMAT que en octubre de 2018 autorizó la venta del “Misop 200” en las farmacias. Este medicamento producido por Laboratorio Domínguez tiene la composición indicada la interrupción legal del embarazo.

Con la medida cautelar otorgada a las asociaciones Portal de Belén y PRODECI el “Misop 200” sólo estará disponible en establecimientos de salud. En farmacias quedará disponible otro producto similar, pero con menor efectividad y mayores restricciones para su venta bajo receta archivada. Esta segunda opción volverá a tener el monopolio del mercado. Además, su elevado costo restringe aún más su acceso. 

Sin tener en cuenta cuestiones de salud pública ni de derechos humanos, la justicia concedió la medida cautelar solicitada por asociaciones civiles que realizan incidencia en contra del aborto legal en el país. De este modo, la justicia decidió restringir aun más el acceso a un medicamento esencial para la salud sexual y reproductiva de mujeres, lesbianas, varones trans y personas no binarias, niñas y adolescentes.

Desde hace quince años la Organización Mundial de la Salud considera al misoprostol como un medicamento esencial para la salud sexual y reproductiva. La OMS ha señalado que su uso es un método seguro y efectivo para la interrupción del embarazo y que no hay razones para imponer restricciones para su uso ambulatorio e, incluso, para su autoadministración.

Además, el Comité DESC de Naciones Unidas aclaró que los Estados tienen la obligación asegurar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los medicamentos esenciales reconocidos por la OMS, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Esto incluye los a los medicamentos esenciales en materia de salud sexual y reproductiva.

El mes pasado, el CELS había solicitado ser parte en el expediente para defender estos derechos esenciales. Nuestro pedido todavía no ha sido resuelto por la justicia.

Las organizaciones impulsoras de esta medida cautelar también habían solicitado suspender el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal a nivel nacional. La justicia federal rechazó esa solicitud cautelar.