Frente a la crisis humanitaria que atraviesa el sistema de encierro penal de la provincia de Buenos Aires y a la huelga de hambre que un grupo numeroso de personas privadas de libertad están realizando, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires resolvió algunas medidas para disminuir la situación de sobrepoblación. Esta resolución coincide con lo señalado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en octubre de este año.
La Suprema Corte, mediante la resolución 3341/19, priorizó avanzar sobre los problemas actuales en la práctica judicial que son generadores del aumento constante de detenidos y resaltar el rol de los jueces ante la crisis. Señaló a los magistrados que deben mantener la prohibición de alojamiento en comisarías de jóvenes, enfermos y mujeres embarazadas, y priorizar el vaciamiento de las dependencias policiales clausuradas. Además, reiteró la importancia del uso racional de la prisión preventiva, en base a los estándares dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky” y el uso de medidas alternativas a la prisión.
El rol de la Procuración es clave ya que el Ministerio Público es quien solicita las prisiones preventivas y las penas de cumplimiento efectivo. Esto impacta en forma directa en el aumento de detenidos y la situación de sobrepoblación. Por ese motivo el máximo tribunal decidió pedirle al Procurador General de la provincia que evalúe el empleo de la privación de la libertad.
También planteó la posibilidad de quitar la confección de informes criminológicos para el ingreso al régimen de progresividad que hoy dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense y pasarlos al ámbito de la justicia mediante un equipo interdisciplinario. Esto podría evitar la discrecionalidad en la evaluación que reciben las personas con condena.
Además, dispuso concertar una reunión de trabajo con el Poder Ejecutivo para que informe respecto qué acciones va a implementar para resolver la crisis del sistema de encierro. También propuso la conformación de mesas de trabajo con organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Es central que estos mecanismos se pongan en práctica y generen la implementación de medidas inmediatas.
En materia legislativa, la Corte Suprema bonaerense propuso impulsar dos leyes: la ley de “cupo”, que fija estándares legales de trato digno y controla los niveles de sobrepoblación, y la ley para la creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura.
La crisis del sistema de encierro penal también motivó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro de justicia se refirieran a esta situación al asumir sus cargos. Como sostuvo el Ministro, la provincia de Buenos Aires está denunciada ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y hasta el momento no se desarrollaron políticas para revertir la crisis.
En estos últimos 4 años, la población detenida aumentó en más de 14000 personas, lo que representa un crecimiento del 42%. Desde 2015, el incremento en comisarías fue del 124%. Si se tiene en cuenta el cupo declarado por el SPB de 28810 plazas, la sobrepoblación actual es del 137%. Estos niveles impactaron en las condiciones de detención: deficiencia en la atención médica, falta de alimentos, ausencia de elementos básicos para la vida y de espacios recreativos, educativos y/o laborales.
Para revertir esta situación una de las cuestiones fundamentales es que los jueces adopten las propuestas de la Suprema Corte Bonaerense para favorecer las libertades ante delitos leves o que las personas pueden ser investigadas en libertad. El poder judicial debe activar mecanismos urgentes para revertir la crisis humanitaria en la que se encuentra el sistema de encierro penal de la provincia de Buenos Aires.