El 25 de septiembre el CELS junto con la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba presentamos una nota al gobernador Juan Schiaretti para transmitirle preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses.
El contexto de pandemia profundizó las prácticas de violencia institucional tanto de la Policía de la Provincia de Córdoba como en todo el territorio nacional debido a las facultades de control de la restricción de circulación delegadas a las fuerzas de seguridad.
Desde que se decretó el ASPO se denunciaron siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con particulares muertos: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28 años); en Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho; en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado; hace pocas semanas, enterraron a José Ávila (35 años) asesinado en Villa El Libertador por dos policías. Y en la Ciudad de Córdoba, el pasado 6 de agosto a la madrugada, policías de la provincia fusilaron a Valentino Blas Correas, un pibe de 17 años que viajaba en auto con sus amigos. El mes de agosto terminó con un caso más: en la localidad de Alta Gracia, según la versión oficial, hubo una persecución policial y se produjo un “disparo accidental” con la detención e imputación del sargento primero Marcelo Barrionuevo. A estos casos fatales debemos agregar un caso en la localidad de Bell Ville (el 29 de marzo) y otro (el 21 de agosto) en la localidad de San Francisco, donde policías de la Provincia dispararon a jóvenes en el marco de controles callejeros en los que las víctimas resultaron ileso, uno y con heridas, el otro.
Todo esto da cuenta de que el uso de la fuerza letal por parte de efectivos policiales, lejos de ser una medida extrema y de respetar criterios de estricta proporcionalidad, constituye una práctica abusiva y reiterada por parte de integrantes de la policía cordobesa.
Venimos señalado la pericia y rapidez de la Policía de la Provincia de Córdoba para alterar escenas de crimen (donde aparecen y desaparecen armas para justificar y/o disminuir la responsabilidad policial en los hechos). Y por otro, el hecho de que efectivos policiales imputados por delitos vinculados con su labor policial continúen desarrollando actividades operativas en el territorio.Además, tal como consta en el Relevamiento sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en Córdoba – Junio 2020, que elaboramos en conjunto entre las organizaciones sociales que integran la Comisión “Seguridad y Derechos Humanos” del Consejo Social de la FCS. Estos casos de violencia letal se inscriben en un contexto de aumento y profundización de prácticas de hostigamiento policial tanto en barrios de sectores populares como en las “nuevas interacciones” policiales, en barrios y con sectores sociales no habituados a estas intervenciones policiales, como lo son los sectores medios y altos.
Necesidad de reformas de fondo
Consideramos urgente la re-conducción política sobre la política policial y la implementación de reformas policiales de fondo. Además de sus prácticas violentas, la policía de Córdoba tiene antecedentes de haber estado involucrada en redes de narcotráfico y criminalidad, como surge de los informes periodísticos e imputaciones jurídicas a los altos mando de drogas peligrosas en el 2013.
Es necesario garantizar una mejor conducción política y herramientas más eficaces de control de la actuación policial, en tanto el respeto por los derechos humanos debe convertirse en un indicador central de la eficacia policial.
La nota que presentamos al gobernador Schiaretti incluye una serie de recomendaciones como: fortalecer el control civil y político a las fuerzas; avanzar en la redacción y difusión de protocolos de actuación de prácticas policiales, respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos; mejorar la información sistematizada sobre el estado de las causas penales y suspender de las tareas operativas a quienes se encuentren imputados/as; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público sobre el funcionamiento de las policías; revisar los planes de formación y capacitación; solicitar a la Legislatura provincial la creación normativa de un mecanismo local contra la tortura, necesario para integrar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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*Foto: Colectivo Manifiesto.