Las denuncias que se visibilizaron en los últimos días sobre la situación de mujeres de las comunidades indígenas de El Potrillo, Formosa, no son una novedad. Persisten en el tiempo porque desde los gobiernos no se organizan dispositivos ni instrumentos efectivos para eliminar las prácticas discriminatorias y estigmatizantes históricas contra estas comunidades, tanto por parte de la policía como en el ámbito de la salud, la educación y el acceso a la justicia.
En febrero pasado, el CELS junto a otras organizaciones territoriales del NOA y NEA alertamos sobre la necesidad urgente de que los gobiernos federal y provincial establezcan políticas específicas para atender una situación de discriminación y pobreza que se vio agravada por la pandemia. Las comunidades continúan sufriendo la falta de agua potable, la represión a sus protestas y el desalojo de sus tierras.
Las denuncias de violencia obstétrica y de la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de las comunidades se enmarcan, muchas veces, en sistemas de salud pública que no brindan una atención médica con adecuación cultural para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, con frecuencia, los centros de salud de los territorios comunitarios no tienen los recursos ni los insumos suficientes.
Todas las denuncias deben ser investigadas.
La información hacia las mujeres debe ser clara, suficiente y formulada de manera sencilla y debe brindarse desde un abordaje intercultural para que los mecanismos de participación y consulta sean efectivos.