Después de casi 9 años, quedó firme la condena a prisión perpetua por la “Masacre de Trelew” de Carlos Amadeo Marandino. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lo había condenado el 15 de octubre de 2012, junto con otros dos ex marinos, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real, quienes murieron en el transcurso de todos estos años. Los tres fueron responsables del homicidio agravado de lxs presxs políticxs que en la madrugada del 22 de agosto de 1972 se encontraban privadxs de su libertad en la base aeronaval Almirante Zar: Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villareal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart y Mariano Pujadas, y de la tentativa de homicidio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, quienes lograron sobrevivir y testimoniar antes de ser desaparecidxs por la última dictadura cívico-militar. Todxs ellxs eran militantes de FAR, ERP y Montoneros, que se habían fugado de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del país, se entregaron a las fuerzas armadas.
La sentencia fue revisada y confirmada en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que además revocó la absolución de Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar, y de Jorge Bautista, uno de los encubridores de la masacre (ambos fallecieron). Pero la decisión de la Cámara fue recurrida y la Corte Suprema de Justicia de la Nación demoró seis años en resolver el planteo. Finalmente, el expediente volvió a la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) que, en mayo de este año, rechazó el recurso extraordinario. La defensa de Marandino no recurrió en queja ante la CSJN por lo cual la condena quedó firme.
Mientras tanto, seguimos esperando la extradición de Estados Unidos de Roberto Guillermo Bravo, otro de los responsables de la masacre que no pudo ser juzgado en 2012. Les familiares de las víctimas, a la vez, han presentado una demanda civil en ese país contra Bravo en busca de reparación.
En este caso, el CELS fue querellante, junto con Eduardo Hualpa, en representación de lxs familiares de Rubén Bonet, Carlos Astudillo, Adrián Toschi, Eduardo Capello, Susana Lesgart, Carlos Del Rey, Miguel Polti, Alberto Camps y Mario Delfino. En la sentencia se determinó que estos hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad porque formaron parte de una persecución sistemática y generalizada contra un sector de la población civil por parte de la dictadura de Alejandro Lanusse. En el juicio se demostró que se trató de un fusilamiento de presxs políticxs y no una defensa de los marinos ante un supuesto intento de fuga de la base aeronaval, versión que trató de instalar la dictadura de aquel entonces. Las pruebas incorporadas mostraron, además, vínculos directos entre las dictaduras de 1966 y 1976, tanto en los métodos empleados (torturas, secuestros, asesinatos) como en la identidad de las víctimas. Muchxs de lxs presxs políticxs de comienzos de los 70 posteriormente fueron secuestradxs, asesinadxs o desaparecidxs; sus abogadxs y familias, que buscaban justicia, perseguidas.
A días de cumplirse 49 años de la masacre, acompañamos a lxs familiares de las víctimas y a las organizaciones que desde hace años exigen verdad y justicia.