El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado hondureño durante la pandemia. En la audiencia, que fue convocada por COFADEH con el apoyo del CELS, quedó expuesto que la aplicación del estado de emergencia en Honduras no se ajustó a estándares internacionales.
Honduras ya atravesaba una situación de militarización y violencia antes de la llegada de la pandemia con el 60% de la población viviendo en la pobreza. La llegada del Covid-19 fue atendida con la declaración de un estado de emergencia que implicó una restricción desproporcionada e innecesaria de garantías: inicialmente se suspendió la libertad de expresión, se habilitaron detenciones por más tiempo del permitido por la ley y se convocó al Ejército a cumplir todo tipo de tareas de seguridad interna. Amplias zonas quedaron bajo su poder.
Tanto las organizaciones que convocaron a la audiencia como la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dieron cuenta de graves violaciones a los derechos en este marco, como más de 80 mil detenciones, casos de golpizas y torturas y violencia de género en retenes policiales y militares, ataques a periodistas, ejecuciones sumarias de personas que supuestamente habían violado el toque de queda, y hasta la desaparición forzada de al menos 17 personas. Cuatro de ellas son líderes de la comunidad garífuna, a quienes un grupo de más de 30 hombres armados se los llevó en julio de 2020 y a pesar de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desconoce su paradero y no se reportan avances significativos en la investigación.
Tampoco se tuvo en cuenta el impacto de las restricciones en grupos en situación de vulnerabilidad, lo que dejó a sectores de la población sin acceso a alimentos o atención médica.
Esto provocó más de 1100 protestas a lo largo del país, según registros de la ACNUDH, que en ocasiones fueron reprimidas por la policía militar. Líderes y manifestantes también fueron criminalizades, en particular después de junio de 2021, cuando entró en vigencia un nuevo Código Penal que introdujo figuras como la de desplazamiento, manifestación ilícita, asociación terrorista, utilizadas para restringir los derechos a la libertad de reunión y de asociación.
Durante la audiencia, Heydi Amaya y Adrian Argueta compartieron sus testimonios como víctimas y familiares de víctimas, en relación a los hechos de violencia que sufrieron a manos de fuerzas de seguridad y denunciaron las barreras que enfrentan para acceder a la justicia, las amenazas y amedrentamientos de los que aún hoy son objeto.
Durante la audiencia, el Comisionado Stuardo Ralón señaló que, en su respuesta, el Estado de Honduras no dio cuenta de las investigaciones que lleva a cabo sobre las violaciones a los derechos humanos y tampoco mencionó la existencia de mecanismos existentes para la búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo a sus obligaciones internacionales.
La CIDH solicitó a Honduras actualizar la información sobre el estado de militarización del país, dado que en 2019 ya se había recomendado al país “..avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos”.