Juicio Cagliero: un jurado popular determinó que los policías enjuiciados son culpables

Con diez votos consideraron que Rodrigo Canstatt mató a Diego Cagliero violando todas las reglas de actuación policial y que Sergio Montenegro se excedió en sus deberes, atentó contra la vida de los ocho jóvenes e hirió de gravedad a Mauro Tedesco al disparar con su arma reglamentaria. El mensaje que deja el juicio es que está prohibido disparar a mansalva de la manera que lo hicieron.

  

Juicio Cagliero: perites confirman que el policía Rodrigo Canstatt mató a Diego

Además, se comprobó que el otro agente de la Bonaerense imputado, Sergio Montenero, disparó el proyectil que hirió de gravedad a Mauro Tedesco. Las conclusiones se desprenden del testimonio del perito balístico oficial encargado de estudiar las armas reglamentarias y las pruebas obtenidas en la escena del crimen. Fue en la octava audiencia en los tribunales de San Martín.

  

Examen periódico universal ONU: ¿cuál es la situación de Argentina en DD.HH.?

El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.

  

Criminalización a personas LGBTI+: pedido ante la CIDH para que se aprueben leyes de no discriminación y se garanticen derechos

El viernes 28 de octubre participamos de la audiencia temática como integrantes de la Red de litigantes LGBTI+ de las Américas junto a otras organizaciones de la región. Para Argentina, solicitamos la urgente reforma de la ley de drogas y la derogación de los códigos contravencionales que permiten la criminalización de la oferta sexual en el espacio público.

  

Pedido de desclasificación de información sobre la represión de 2001

El CELS le solicitó a la AFI y al Ministerio de Seguridad el acceso a información sobre la protesta social, las organizaciones y las decisiones tomadas desde el Estado frente a los episodios que sucedieron hace ya 20 años. El requerimiento abarca un lapso de tiempo desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2002. A partir de esos datos se busca reconstruir la verdad y la memoria sobre la respuesta estatal que reprimió la movilización social y política.