Con la reforma penal que propone la ley ómnibus, muchos casos de violencia institucional seguirían impunes

Las medidas que impulsa el gobierno buscan impedir que los policías rindan cuentas por el uso de arma de fuego y que la versión policial quede establecida como la única verdad, sin posibilidad de refutarla en un juicio. Si la ley hubiera estado vigente, masacres como las de Monte y de Budge o el asesinato de Lucas González no hubieran obtenido justicia.

  

Murió un manifestante por una represión en el Obelisco

La Policía de la Ciudad avanzó a los golpes contra un grupo de personas que realizaba una asamblea en el centro de Buenos Aires. El militante popular y reportero Facundo Molares murió luego de ser detenido y aplastado contra el piso durante varios minutos. Estas acciones policiales no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Manifestarse no puede ser una decisión que ponga en riesgo la vida.

  

Piden la indagatoria de 15 policías por la represión del 8M

Es por la represión y la razzia luego de la marcha de 2017. Deberán declarar quienes dieron las órdenes de detención desde la Sala de Situación y quienes las hicieron efectivas en las calles. También personal policial acusado de falso testimonio y los jefes de las comisarías de la zona. Desde el CELS representamos a tres de las detenidas luego del Primer Paro Internacional Feminista.

  

Jujuy: una semana de protestas y escalada de la violencia estatal

A las movilizaciones masivas por reclamos salariales se sumaron protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial. La respuesta fue represión y criminalización, decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. La nueva Constitución, aprobada en tiempo récord, restringe el ejercicio de los derechos humanos y busca evitar las reacciones a la expansión del extractivismo de minerales.

  

Juicio Cagliero: un jurado popular determinó que los policías enjuiciados son culpables

Con diez votos consideraron que Rodrigo Canstatt mató a Diego Cagliero violando todas las reglas de actuación policial y que Sergio Montenegro se excedió en sus deberes, atentó contra la vida de los ocho jóvenes e hirió de gravedad a Mauro Tedesco al disparar con su arma reglamentaria. El mensaje que deja el juicio es que está prohibido disparar a mansalva de la manera que lo hicieron.

  

Juicio Cagliero: perites confirman que el policía Rodrigo Canstatt mató a Diego

Además, se comprobó que el otro agente de la Bonaerense imputado, Sergio Montenero, disparó el proyectil que hirió de gravedad a Mauro Tedesco. Las conclusiones se desprenden del testimonio del perito balístico oficial encargado de estudiar las armas reglamentarias y las pruebas obtenidas en la escena del crimen. Fue en la octava audiencia en los tribunales de San Martín.

  

Examen periódico universal ONU: ¿cuál es la situación de Argentina en DD.HH.?

El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.

  

Criminalización a personas LGBTI+: pedido ante la CIDH para que se aprueben leyes de no discriminación y se garanticen derechos

El viernes 28 de octubre participamos de la audiencia temática como integrantes de la Red de litigantes LGBTI+ de las Américas junto a otras organizaciones de la región. Para Argentina, solicitamos la urgente reforma de la ley de drogas y la derogación de los códigos contravencionales que permiten la criminalización de la oferta sexual en el espacio público.

  

Quieren censurar el Mapa de la Policía

A un mes de su lanzamiento, la fiscal porteña Celsa Ramírez pidió que se bloquee el acceso a la plataforma web, que sirve para recabar información sobre abusos de las fuerzas de seguridad. Esto sucedió luego de que el oficialismo porteño lanzara una fuerte campaña en contra de la iniciativa.

  

Pedido de desclasificación de información sobre la represión de 2001

El CELS le solicitó a la AFI y al Ministerio de Seguridad el acceso a información sobre la protesta social, las organizaciones y las decisiones tomadas desde el Estado frente a los episodios que sucedieron hace ya 20 años. El requerimiento abarca un lapso de tiempo desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2002. A partir de esos datos se busca reconstruir la verdad y la memoria sobre la respuesta estatal que reprimió la movilización social y política.