En pocas semanas se cumplirán 20 años de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001: el poder judicial todavía no pudo determinar quiénes fueron los policías federales que mataron a Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón en la zona de Plaza de Mayo.
A esta situación se agregan las demoras en la confirmación de las condenas de los funcionarios políticos y policiales que fueron juzgados en un juicio oral que terminó en mayo de 2016. El Tribunal impuso una pena de 4 años y 3 meses de prisión para el entonces secretario de seguridad Enrique Mathov, funcionario político a cargo de las fuerzas de seguridad federales; 3 años y 6 meses de prisión para Rubén Santos, quien era el comisario a cargo de la PFA; y 3 años de prisión en suspenso para Norberto Gaudiero, comisario a cargo de las operaciones de la PFA.
En 2020 la Cámara Federal de Casación penal confirmó las condenas, pero ordenó revisar el monto de las penas. Con este objetivo, el 14 de octubre pasado estaba programada una audiencia, pero el día antes la Cámara decidió posponerla y reprogramarla para este jueves 4 de noviembre. Es inaceptable que haya nuevas postergaciones.
Se trata de idas y vueltas, trámites y audiencias, que se suman hasta llegar a estos 20 años de la represión sin una respuesta judicial plena y con un inmenso desgaste para les familiares, organizaciones y amigues que sostuvieron el proceso durante todo este tiempo.
Los tres condenados sostienen que su pena ya está prescripta. Es decir, estas dilaciones implican un riesgo cierto de que se consolide una situación de impunidad en relación con las únicas personas condenadas.
Toda la investigación judicial de los homicidios y lesiones que ocurrieron esos días se caracterizó por su extrema lentitud e incapacidad para reconstruir los hechos. De esta manera, no pudo dar un mensaje contundente sobre lo que implicó la declaración del estado de sitio y la habilitación a la policía para reprimir descarnadamente el estallido social que irrumpió ante la crisis. La falta de investigación judicial de la gran cantidad de detenciones ilegales que se sucedieron durante esas jornadas también impidió la determinación de responsabilidades penales por esos hechos.
La justicia debe expedirse con rapidez sobre las condenas y tiene que avanzar en la identificación e investigación de quienes dispararon con armas de fuego directamente contra les manifestantes.
Foto: Sub Coop
Actualización: El martes 13 de diciembre de 2021, Cámara Federal de Casación Penal confirmó los montos de las penas impuestas a los funcionarios políticos y policiales que fueron declarados responsables en el juicio oral de 2016.