Foto: Gentileza Latfem/Mariano Armagno
Tres años y cuatro meses después de su detención, el Tribunal en lo Criminal N°3 de la Plata ordenó la libertad de Rubí Mirasso, una mujer trans a quien acusaron de cometer el delito de tenencia por comercialización de estupefacientes y privaron de la libertad desde entonces. El caso de Rubí deja en evidencia cómo la criminalización de delitos menores de drogas funciona como una herramienta para la persecución policial de colectivos específicos como las personas trans, y cómo la intervención judicial refuerza la vulneración de sus derechos.
La madrugada del 14 de julio de 2018 la Policía Bonaerense detuvo a Rubí en el centro de La Plata. Ella era trabajadora sexual en esa zona, donde sistemáticamente la hostigaban los policías. Pero esa noche la detuvieron, según figura en el acta, por “movimientos compatibles con el narcomenudeo”. Rubí tenía serios problemas económicos y esa vez decidió vender paracetamol picado para poder ganar más plata. La Policía la requisó en la calle y le encontraron esa sustancia que consideraron que podía ser cocaína.
En la comisaría hicieron un test para reconocer esa sustancia de un modo irregular, sin embargo, desde ese momento la Justicia dispuso la prisión preventiva sobre Rubí y le sucedió lo que suele ocurrir con las personas trans en situación de encierro: estuvo dos meses en una comisaría y un mes en una alcaldía, a pesar de que el alojamiento por tiempo prolongado en estos ámbitos es una práctica extendida, pero ilegal. Después fue trasladada a la Unidad 32 de Florencio Varela. Allí sufrió un ataque físico transfóbico por parte del personal penitenciario. Además, Rubí señaló el deficiente acceso a la salud en el contexto de encierro. Más de una vez fue revisada por otras personas privadas de la libertad. Un año más tarde, gracias al acompañamiento del activismo trans, Rubí que no tenía antecedentes penales, logró acceder a una detención domiciliaria en la casa de su madre en un barrio humilde de La Plata.
La única prueba por la que Rubí fue imputada y privada de la libertad, estaba vinculada con la sustancia incautada, que por la falta de recursos y alta demanda que tiene la Superintendencia de Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, recién tenía fecha para ser peritada tres años después de la detención. A pesar de eso la fiscalía persistió con su acusación. Por otra parte, la defensa oficial, como suele suceder para acortar los procedimientos, le recomendó a Rubí aceptar un juicio abreviado, pero ello implica reconocerse como autora del delito imputado y quedar con antecedentes penales.
Rubí insistió en defender su inocencia y pelear por ir a un juicio oral. Para la fecha del proceso, programada para noviembre, la prueba no estaba peritada y la fiscal no se presentó al debate porque dio parte de enferma. Luego, se dispuso nueva fecha para realizar la pericia el 19 de noviembre, pero como era el aniversario de la ciudad de La Plata, hubo asueto administrativo. Mientras tanto, Rubí seguía esperando privada de la libertad.
Cuando finalmente la pericia se realizó, el resultado indicó que la sustancia incautada no estaban comprendidas en la ley de drogas (23.737). Era paracetamol, como sostuvo Rubí desde el momento de su detención. El jueves 16 de diciembre, la fiscalía desistió de la acusación y el tribunal ordenó la libertad de Rubí.
En la Provincia de Buenos Aires, el 39% de la población de mujeres trans se encuentra privada de la libertad por delitos menores de drogas, y el 73% de ellas están presas sin condena. La ley de drogas funciona como la excusa que posibilita el control poblacional por parte de las policías y abre un marco en el que se justifican abusos policiales y judiciales.