Miranda está imputada hace meses por cumplir con la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Junto con el equipo de salud del hospital atendió el pedido de una joven en extrema vulnerabilidad que no quería continuar su gestación. A la joven se le indicó un aborto medicamentoso y tomó misoprostol por vía oral. Todo el proceso, que no se restringe a una sola médica, sino a la intervención de distintes profesionales, fue asentado paso a paso en su historia clínica.
Desde adentro del hospital, personas contrarias a las leyes vigentes y a su derecho llamaron a sus familiares, violando el deber de confidencialidad, para que acudieran al hospital e intentaran convencerla de no seguir adelante. La joven ya estaba con un aborto en proceso, así que en el hospital le indicaron permanecer allí internada. Este tipo de intervenciones de sectores antiderechos está marcado por una constante: recaen sobre los cuerpos de niñas, adolescentes o mujeres empobrecidas y en situación de vulnerabilidad.
En articulación con otros grupos salteños trataron de impedir la práctica y ejercieron presiones políticas para tratar de obstaculizar el acceso al aborto. Es decir, acudieron a sus privilegios de poder político y a sus influencias sobre el poder judicial para impedir que una joven ejerza sus derechos y amenazar a quienes sí cumplen con la ley. Estos mismos grupos acompañaron a una familiar de la joven a hacer la denuncia. Desconociendo que el aborto es legal y que existen procedimientos protocolizados para acceder a él, la Fiscalia imputa solo a Miranda por el delito de aborto sin causal y luego cambia la imputación por aborto sin consentimiento.
Como médica generalista fue a realizar su residencia en la especialidad de tocoginecología al Hospital de Tartagal. Miranda eligió una de las zonas con más necesidad de profesionales para ejercer su trabajo. Su defensa de los derechos humanos y su enorme compromiso con la salud pública la llevó a migrar dentro del país y estar lejos de su familia.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y el CELS estamos acompañando a Miranda desde el primer momento de su imputación. Sabemos que en ella están personalizando una forma de disciplinamiento para los y las profesionales de la salud que respetan la ley y los derechos de quienes necesitan servicios médicos públicos. Pedimos su sobreseimiento y fue rechazado alegando que existe prueba pendiente tendiente a comprobar si existió la causal salud. La prueba pendiente es inconstitucional. La causal fue certificada por la profesional de la salud en la oportunidad para definirla, tal como lo sostiene la Guía de Atención para estos casos y el fallo FAL, de la Corte Suprema de Justicia.
Solicitamos que el Tribunal de Impugnación salteño revise la decisión y sobresea a Miranda. El 12 de mayo estaremos en Salta para acompañar la presentación de escritos en calidad de amigos del tribunal -amicus curiae-. Garantizar la ley no es delito, hacer acciones para que no se cumpla, sí.