En un contexto de retrocesos a los derechos de las mujeres y disidencias, la 70° Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas exigió a los Estados que garanticen y fortalezcan el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas y que promuevan sistemas jurídicos inclusivos y equitativos.
Apoyado en la Declaración de Beijing y los tratados de derechos humanos, el documento final reafirma el compromiso internacional con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Destaca que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y una condición esencial para garantizar el pleno ejercicio de todos los demás derechos. También señala la persistencia de obstáculos de acceso a la justicia, como leyes y prácticas discriminatorias, desigualdades estructurales y múltiples formas de violencia. Por último, señala que los sistemas de justicia no responden adecuadamente a sus necesidades, lo que limita su acceso efectivo a recursos, protección y participación en la vida pública.
La Comisión pusó un fuerte énfasis en la prevención y eliminación de todas las formas de violencia, así como en la protección de las víctimas y el acceso a reparaciones efectivas, sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, subraya la importancia de promover la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones y en los sistemas de justicia. En este sentido, la Comisión resalta la importancia de tomar medidas para garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todas las mujeres y niñas al adoptar, financiar e implementar planes nacionales para eliminar todas las formas de violencia, tanto en espacios públicos como privados, en línea y fuera de línea. Esto implica incluir la lucha contra la violencia sexual y de género, como la violencia doméstica, la violación, los feminicidios, la trata de personas, la explotación sexual, las prácticas nocivas (matrimonio infantil o forzado, mutilación genital femenina) y el acoso sexual.
Además, la CSW subrayó la importancia de tomar en cuenta la diversidad de las situaciones, contextos y condiciones de la mujeres y niñas para que los sistemas de justicia respondan a sus necesidades, intereses y derechos de forma adecuada. Planteó la necesidad de establecer y mejorar mecanismos nacionales específicos para prevenir, investigar, juzgar y sancionar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, tanto en ámbitos públicos como privados, y garantizar la rendición de cuentas de los responsables y poner fin a la impunidad. Así como también, asegurar a las víctimas y sobrevivientes un acceso oportuno y efectivo a la justicia, así como a reparaciones justas y adecuadas.
Destaca la importancia de considerar las diferentes realidades nacionales y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como mujeres con discapacidad, migrantes, indígenas, afrodescendientes, rurales, en situación de vulnerabilidad o privadas de libertad.
Durante el encuentro, el gobierno de Estados Unidos impulsó un documento para limitar el alcance de la palabra género a hombres y mujeres. El gobierno argentino se alineó con tal posición y pretendió quitar toda referencia al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Pero finalmente, el documento no fue tomado por la mayoría de los Estados y se instó a los gobiernos y a diversos actores (como organizaciones internacionales, sociedad civil y sector privado) a tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas antes de 2030.
Fueron dos semanas de discusión entre Estados, en las que como consecuencia de la incidencia de las organizaciones feministas y de derechos humanos se evitaron los retrocesos impulsados por EEUU y sus aliados.