En un fallo que reabre el proceso de ejecución del caso Verbitsky, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires reconoció que el sistema de encierro provincial se encuentra en una situación crítica. La Corte confirmó el diagnóstico que distintas organizaciones de derechos humanos venimos planteando en los últimos años sobre las causas de la sobrepoblación. El uso abusivo de la prisión preventiva y las modificaciones legislativas para restringir libertades entre otros factores, generaron en los últimos 10 años una sobrepoblación sin precedentes en el Sistema Penitenciario Bonaerense, lo que a su vez derivó en otro problema de extrema gravedad: el uso de las dependencias policiales como lugares de encierro permanente. Esta situación actual es caracterizada por la Corte como un “estado de cosas inconstitucional” que debe ser remediado.
En los últimos diez años la población alojada en el Servicio Penitenciario Bonaerense creció un 44%. Actualmente supera las 50 mil personas, en un sistema que tiene capacidad para alojar algo más de 25 mil personas. Es decir, la ocupación se encuentra por encima del 200%. En las comisarías provinciales hay más de 4.400 personas alojadas, lo que representa un crecimiento del 397% en el mismo lapso de 10 años. En muchas dependencias policiales, la situación de hacinamiento y falta de condiciones mínimas implica una grave violación a los derechos humanos.
Resulta urgente cambiar la relación entre ingresos y egresos al sistema de encierro
La sentencia abre distintos procesos de trabajo para debatir, diseñar e implementar posibles soluciones a este escenario. Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, no dispone la implementación de medidas urgentes, que, en el corto plazo, puedan cambiar la tendencia instalada hace años por la que la cantidad de personas que ingresan al sistema siempre supera la cantidad de personas que salen. Así, la sobrepoblación sigue aumentando mientras se discute cómo bajarla.
Según datos del Registro Único de Detenidos, en 2019 ingresaron 47.028 personas al sistema, un 57% más que en 2012. En el primer semestre del 2021, por cada egreso del sistema se registraron 1,21 ingresos lo que explica el crecimiento de la tasa de encarcelamiento provincial. Es urgente modificar esa tendencia: tienen que salir más personas de las que entran, si no, no existe posibilidad de empezar a disminuir la sobrepoblación. Revertir este grave panorama requiere no solo una intervención activa por parte del Poder Judicial, sino un compromiso político por parte de los tres poderes del Estado.
Antecedentes del fallo
El 14 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto que las medidas ordenadas en su sentencia de 2005 en el marco del habeas corpus colectivo Verbitsky se encuentran vigentes e incumplidas y estableció explícitamente que, por estas razones, el caso no está cerrado. Luego de la reapertura formal a nivel provincial, se abrió una instancia de trabajo en la causa judicial con participación de múltiples actores, que se extendió de julio a diciembre de 2021. El 3 de mayo del 2022 la Suprema Corte dictó esta primera sentencia donde se posicionó sobre la situación estructural de violaciones de derechos humanos existente en el sistema de encierro provincial y reconoció tanto el grave escenario, como sus causas.