Los jueces Javier Ríos, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, que integran el Tribunal Oral Federal n° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, condenaron por mayoría a tres de los cinco acusados que llegaron a juicio por los hechos que damnificaron a cinco militantes del PRT-ERP. El juicio había comenzado el 3 de diciembre de 2021 e intervinieron como querellantes Bárbara y Camilo García, representades por Pablo Llonto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el CELS, como organismo de derechos humanos. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Ángeles Ramos y las auxiliares fiscales Viviana Sánchez y Nuria Piñol.
En la causa se investigaron operativos de secuestros de militantes de la zona de Luján y otras localidades de la provincia de Buenos Aires que estaban relacionades con la redacción y distribución de las revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja” del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT y ERP). Los hechos ocurrieron durante los primeros meses de la dictadura.
Con cada secuestro se obtenía información a través de la imposición de torturas a las víctimas y luego, con esos datos, se cometían nuevos secuestros. Fue así que la dictadura actuó para desmantelar el área de propaganda y difusión del PRT-ERP.
En el debate oral y público se juzgaron a cinco imputados integrantes del Regimiento de Infantería nº 6 de Mercedes (RI 6): los oficiales Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello, Horacio Linari, Luis Brun y el suboficial Rubén Andrade. Los tres primeros fueron condenados y los otros dos fueron absueltos.
Durante el juicio se comprobó la actuación del Regimiento de Mercedes en operaciones represivas. Específicamente, se juzgaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la ejecución de dos operativos. El primero ocurrió el 14 de junio de 1976. Rocío Ángela Martínez Borbolla y Pedro Oscar Martucci fueron secuestrados ese día por la madrugada, en su domicilio en Barrio Envión 3 de la localidad de Haedo Norte, partido de Morón, provincia de Buenos Aires, por integrantes del RI 6 de Mercedes, entre ellos, Martín Sánchez Zinny, quien fue reconocido por Bárbara, la hija de Rocío, quien tenía 9 años cuando secuestraron a su mamá.
Rocío Ángela Martínez Borbolla y Pedro Oscar Martucci tenían 31 y 24 años. Estaban en pareja. Rocío, conocida como “Ana”, era de nacionalidad española, era docente, delegada sindical y tenía dos hijes: Bárbara y Camilo. Pedro, conocido como “Tato”, era maestro en la Escuela n° 19 de la Capital Federal. Los dos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Durante el operativo, se robaron objetos de la casa y destrozaron todo. En esa casa Ana y Tato se encontraban con compañeras y compañeros. Uno de los cuartos estaba destinado a guardar revistas, ya que ahí se editaba la revista “El Combatiente”. Les hijes de Rocío, víctimas también del operativo, fueron entregados a un vecino y luego pudieron reencontrarse con su familia. Rocío y Pedro permanecen desaparecidos.
El segundo operativo fue ejecutado por oficiales y suboficiales del Regimiento de Infantería nº 6 el 10 de julio de 1976 en un domicilio de la calle Ecuador 170 de San Andrés, San Martín, provincia de Buenos Aires. Allí llevaron a Pablo Pavich, secuestrado unos días antes y sometido a crueles y graves tormentos según se pudo comprobar en el juicio. Pavich, alias “Pascual”, “Niño Pascual”, “Andrés” o “Andresito”, tenía 40 años. Militaba en el PRT y era el responsable de propaganda. Además intervenía en el proceso de impresión de “El Combatiente” y “Estrella Roja”.
Durante el operativo fue asesinado Jorge Emilio Arancibia por personal del RI 6. Un testigo, ex soldado conscripto, identificó a Sánchez Zinny como quien lo remató en la calle, luego de haber caído por un disparo del cerco que había alrededor de la casa. Otra de las personas que se entregó fue privada ilegalmente de la libertad y sometida ahí mismo a torturas para sacarle información. Al día de hoy no se ha podido determinar la identidad del militante. Luego del ataque a la imprenta de San Andrés, se atacó otra imprenta ubicada en Córdoba.
Por estos hechos estaban acusados Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello, Horacio Linari, Luis Brun y el suboficial Rubén Andrade. Sin embargo, el Tribunal sólo condenó a los tres primeros. A su criterio operó el beneficio de la duda en relación a los imputados Brun y Andrade. Los fundamentos se darán a conocer el 6 de octubre de 2022.
En la causa había otras 32 víctimas, Oscar Alcides Peralta, María Cristina Cornou, Claudio Nicolás Grandi, Rubén Raúl Maggio, Graciela Ester Erramuspe, Arturo Laguado, María Isabel Caldú, Nélida Lucía Zatarain, Dardo Sebastián Dorronzoro, Beatriz Elisa Grafia, Delia Beatriz Méndez, Arnaldo Clemente Delbene, Omar Santiago Siina, Raúl Esteban Aguirre, Jorge Leonardo Elischer, Ricardo Antonio Petraglia, Jorge Raúl Segovia Acosta, Enrique Guerrero, María de los Ángeles Torres, Liliana Cavalli, Silvia Fernanda Gallart, Irma Noemí Tardivo, Julio Alfredo Navarro, Juan Benedicto Maiorano, Juan Carlos García del Val, Rudyar Eduardo García del Val, Alejandro Daniel Masriera, Arnoldo Haroldo Buffa, Hilda Vergara de Buffa, Vicente Omar Pascarelli, Alcides Carlos Ramírez y Roberto Eduardo Monzón, pero sus casos no fueron juzgados porque las personas acusadas por ellos fallecieron o no se encontraban en condiciones de ser sometidos a juicio. Los acusados que no llegaron a juicio eran Alberto Schollaert, Luis Fernández Bustos, Serapio Del Río y Gustavo González Sass.
Foto: Agencia Telam