La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que condenó en 2019 a 13 años de prisión a Milagro Sala, al declarar inadmisible un recurso de la defensa de la dirigente social. Lo hizo en la causa conocida como “Pibes Villeros”. De esa manera, confirmó la sentencia impuesta por la justicia jujeña y decidió no analizar la violación de garantías constitucionales alegadas por sus abogades.
Durante el juicio, el tribunal de Jujuy había rechazado testigos importantes para la defensa. También le negó un peritaje para determinar la cantidad de obras que había realizado la Tupac Amaru, eje central de la acusación. Milagro Sala fue acusada de integrar una asociación ilícita, una figura jurídica controvertida y amplia. Esa falta de precisión sobre el delito terminó dificultando su defensa y afectó sus garantías.
En el amicus que presentamos desde el CELS ante la Corte aportamos argumentos para revisar y controlar aspectos del proceso que las autoridades judiciales provinciales no habían asegurado y que podían representar un mensaje disciplinador contra ella. Entre ellos, señalamos el derecho a conocer la acusación de asociación ilícita en forma clara y precisa, así como el de producir pruebas de descargo para enfrentar el debate, algo que las instancias provinciales limitaron sin ninguna justificación. También planteamos su derecho a estar presente en el debate. Milagro fue excluida durante más de dos meses del debate oral, un lapso en el que se realizaron 19 audiencias y se presentaron 70 testigos.
La Corte Suprema rechazó todos estos argumentos bajo el pretexto de problemas técnicos. El rol de una corte federal es asegurar la vigencia de las garantías constitucionales, entre ellas, el debido proceso. En este caso no lo hizo. De la lectura del fallo se desprende que, ante las violaciones más evidentes al derecho de defensa y al debido proceso, se limitó a reproducir los argumentos de las instancias judiciales provinciales o hacer un análisis aparente, sin realizar una verdadera revisión y control ante un caso de criminalización de una dirigenta social.
La sucesión de causas judiciales contra Milagro Sala, plagadas de irregularidades, y el ensañamiento del gobernador Gerardo Morales implican la criminalización de la Tupac y un mensaje para el resto de las organizaciones. Este fue un caso controvertido en el que el poder judicial de Jujuy quedó sospechado de falta de independencia. Morales amplió el máximo tribunal nombrando a jueces y a un procurador general. Y, apenas unos minutos después de que se conociera el fallo este jueves 15 de diciembre, el gobernador publicó una carta festejando la decisión de la Corte. Una muestra más de la saña contra la dirigenta social, la cual denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021.