Confirman el procesamiento a un militante libertario por amenazas contra Grabois y Baradel
Se trata de Marco Chediek, que publicó un video intimidante contra los dirigentes políticos y sociales que protestaran en las calles contra el gobierno de Milei. La Cámara Federal mantuvo el procesamiento que había recibido en primera instancia.
Milei dejará más desigualdad y violencia
Mientras el gobierno nacional celebra el “déficit cero” como el principal logro de sus primeros cien días, destruye los ingresos de las mayorías, recorta las jubilaciones, aumenta la pobreza infantil y desmantela las dependencias públicas. Daños difíciles de reparar.
Pacto de Marzo: elegimos la democracia
En cada aniversario del golpe de 1976 marchamos para ratificar que compartimos tanto el rechazo a la dictadura militar y su plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, como acuerdos básicos para una vida en democracia. Este 24 de marzo se cumplen 48 años en un contexto inédito que nos pone ante el desafío de volver a firmar este pacto esencial.
La Corte IDH condenó a Brasil por el asesinato de un campesino durante la represión de una protesta
El crimen de Antonio Tavares Pereira ocurrió a manos de la Policía Militar durante una manifestación en la ciudad de Curitiba en el año 2000. En ese operativo también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae.
Balas de goma, gases y camiones hidrantes: un riesgo para la salud y los derechos humanos
Las armas menos letales no son “no letales”, sino que pueden causar lesiones graves, discapacidades y, en algunos casos, la muerte. Columna de opinión publicada junto a INCLO.
Para la ONU, el protocolo y el proyecto de ley ómnibus criminalizan la protesta: insta al gobierno a revisarlos
Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Pedimos a la CIDH y a la ONU que intercedan para que el Estado argentino termine con la persecución a la protesta
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH
Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.
El fin del principio de no-represión: qué significa que Bullrich derogue la resolución 210/2011
Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política.
Con un nuevo protocolo, Patricia Bullrich quiere impedir la protesta social
Las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad buscan criminalizar a quienes se manifiesten y perseguir a la organización social y política. De esta manera, cualquier protesta pública que corte calles o rutas deja de ser un derecho para convertirse en un delito.
Denunciamos ante la CIDH el aumento del uso indiscriminado de armas menos letales para reprimir protestas
Con más de veinte organizaciones regionales e internacionales planteamos que la utilización irregular y desproporcionada de estas armas por parte de las fuerzas de seguridad tiene gravísimas consecuencias sobre la salud y los derechos humanos de quienes ejercen su derecho a protestar.
Letalidad Encubierta: cómo las armas “menos letales” impactan la salud y los derechos humanos
Junto con la Red INCLO y otras organizaciones de la región, presentamos un nuevo informe sobre las consecuencias del uso de estas armas en la represión de la protesta social.
Pedimos a la CSJN que revise la prohibición del derecho a la protesta en la Constitución de Jujuy
Organismos de derechos humanos y comunidades indígenas le solicitamos a la Corte Suprema que revise el artículo que prohíbe cortes de calles y de rutas, lo que afecta de manera directa el ejercicio de la protesta social.
Casación ordenó a la justicia federal de Jujuy que proteja a pueblos indígenas y manifestantes
Fue a partir de un habeas corpus que presentamos con Andhes y que acompañó Xumek por los numerosos casos de represión tras la reforma constitucional que limita derechos, entre ellos, el de la protesta.
Jujuy: una semana de protestas y escalada de la violencia estatal
A las movilizaciones masivas por reclamos salariales se sumaron protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial. La respuesta fue represión y criminalización, decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. La nueva Constitución, aprobada en tiempo récord, restringe el ejercicio de los derechos humanos y busca evitar las reacciones a la expansión del extractivismo de minerales.
Exigimos la suspensión de la reforma constitucional en Jujuy
Tras las represiones a las protestas en contra de la nueva Constitución, un conjunto de organizaciones realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia. La reforma implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos.
El poder legislativo de Salta limita el derecho a la protesta
Sin debate en comisiones y en solo 48 horas aprobó una ley que obstruye las manifestaciones y habilita la criminalización de los que participen en ellas. La nueva norma establece que se debe pedir autorización para llevar adelante una protesta y otras graves restricciones para el uso del espacio público.
2023: pensar la democracia del futuro con derechos humanos
Al 10 de diciembre, cuando se cumplan cuarenta años de democracia argentina, llegaremos con debates y celebraciones. Desde el CELS proponemos contenidos y espacios de participación que nos den impulso colectivo para atravesar los desafíos de la época.
Protestar no debería poner en riesgo tu vida
Ya son 58 personas las que fallecieron en todo el país en las manifestaciones que comenzaron en diciembre de 2022 en Perú. Muchas de estas muertes son el resultado de balas de plomo. Otras, sin embargo, fueron causadas por armas “menos letales” que tienen la capacidad de herir, mutilar y matar.
El derecho a la protesta: la necesidad de un abordaje interseccional y transfeminista
Autor/a: Luciana Pol (coordinación general), Cynthia Palacios Reckziegel y Lucía Morale (coordinación del relevamiento, trabajo de campo y redacción principal).
42 págs.
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Argentina en el examen de DD.HH. de ONU: destacan género y juicios por lesa humanidad y alertan por cárceles, violencia policial y pobreza
El Estado argentino se enfrentó a su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país, que realizan otros pares miembros de Naciones Unidas. Fue reconocida por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mostraron preocupación por la violencia policial y el abuso de la utilización de las prisiones preventivas, entre otros temas centrales en la actualidad.
Examen periódico universal ONU: ¿cuál es la situación de Argentina en DD.HH.?
El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.
Milagro Sala: 7 años de uso político del encarcelamiento
Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica.
Milagro Sala: el fallo de la Corte, su salud y las amenazas de un regreso a la cárcel
La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte interamericana de DD.HH. Su traslado a prisión domiciliaria fue ordenado por el tribunal internacional. Cualquier regresión en ese sentido significa una profundización del hostigamiento contra ella.
Crisis en Perú: solicitamos visita conjunta de la CIDH y la ONU
Ante la declaración de Estado de emergencia y la represión a las protestas que ya tuvo como consecuencia varias personas muertas, más de ciento ochenta organizaciones manifestamos nuestra preocupación en materia de derechos humanos. El comunicado completo.
La Corte Suprema confirmó la sentencia a Milagro Sala a 13 años de prisión
El máximo tribunal decidió rechazar el recurso de su defensa y convalidó lo realizado por la justicia de Jujuy, sin contemplar las irregularidades que tuvo el proceso y las violaciones a las garantías constitucionales que alegaron sus abogades.
Derecho a la protesta en Uruguay: nos presentamos como amicus en una causa por una pintada callejera
Junto con otras organizaciones de la región, alertamos sobre un fallo que vulnera los derechos a expresarse y criminaliza las actividades políticas. Lo mismo ocurre en otros países, incluido Argentina.
Pueblos indígenas: el Estado no cumple sus compromisos y retrocede ante las presiones racistas
A pesar de que tienen derecho a la posesión y propiedad de sus territorios ancestrales, no se hace efectivo ni existen tampoco políticas que les garanticen desarrollar su vida en relación con su identidad. Los avances de las últimas décadas fueron insuficientes. Muchas veces, la respuesta estatal se organiza detrás de discursos y estereotipos que los estigmatizan. El crecimiento de sus reclamos está vinculado con esta deuda histórica.
Derecho a la protesta: encuentro de organizaciones de América Latina
Entre el 25 y el 27 de julio realizamos un evento en Buenos Aires para debatir sobre la actualidad en nuestra región. Participaron compañeres de Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Ecuador y México.
La protesta social es un derecho que los Estados deben garantizar, no reprimir
Junto con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae en la demanda por el crimen de Antonio Tavares Pereira, asesinado por la policía brasileña en el año 2000. En esa represión también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra.
A 20 años de la Masacre de Avellaneda: ¿Cómo fortalecer la organización y defender la protesta?
La memoria de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki trae un mensaje fundamental para el presente: la necesidad de reforzar la organización, de reivindicar lo público, colectivo y comunitario. También de defender el derecho a manifestarse, expresarse y peticionar.
Protesta en el Congreso: La sobrecriminalización de manifestantes es un mensaje de intimidación
La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta.
10 puntos para una ley nacional de protección de las protestas
A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, convocamos a debatir una propuesta integral de Ley nacional de protección de las protestas y manifestaciones públicas.
Nicaragua: Preocupación por la situación de los derechos humanos
Mientras se intensifican las denuncias por detenciones arbitrarias, restricciones a organizaciones sociales y otras violaciones de derechos, el Gobierno continúa sin cumplir las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de protección.
Brasil: El proyecto de ley antiterrorista es una amenaza para las democracias de la región
La iniciativa busca crear un aparato paralelo de inteligencia subordinado al presidente de la República. Junto a la Organización Mundial Contra la Tortura y a otras organizaciones le expresamos al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, nuestra preocupación por el proyecto.
Bolivia: violaciones a la libertad de expresión
Junto con la Red Andina de Información y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciamos al Estado Plurinacional de Bolivia por hechos de violencia contra trabajadores y medios de comunicación comunitarios en los días previos al golpe de Estado de noviembre de 2019.
Es necesario poner fin al acuerdo de cooperación entre las policías de Argentina y Colombia
En el contexto de la violenta represión contra las protestas públicas en Colombia, organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por la vigencia de un convenio entre fuerzas de seguridad de ambos países.
Chubut: Organizaciones exigimos la derogación de protocolos policiales
El CELS, la APDH y organizaciones sociales y de derechos humanos locales presentamos una carta al gobernador Mariano Arcioni para exigir la derogación inmediata de protocolos que incrementan los niveles de violencia policial y limitan el ejercicio de la protesta social.
Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea
Autor/a: María Victoria Pita y Sebastián Pereyra (eds.)
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Milagro sala: cuatro años de detención arbitraria
La referente de la organización barrial Tupac Amaru lleva ya cuatro años resistiendo los efectos de la persecución política y el hostigamiento judicial: su detención arbitraria. Fue detenida por protestar y la causa que se inició contra ella en ese momento está por ser elevada a juicio. La libertad de expresión es objeto de persecución penal.
Ex choferes criminalizados por una protesta de hace dos años en La Plata
La detención de los cuatro trabajadores es un nuevo ejemplo de criminalización de la protesta, del uso indiscriminado e injustificado de la prisión preventiva y de una aplicación peligrosa del derecho penal.
La Policía de la Ciudad contra el uso del espacio público
La represión en la feria de San Telmo y las detenciones arbitrarias son expresión de la política de intervención violenta de la Policía de la ciudad frente a acciones en el espacio público.
Protestas en CABA: más pruebas de que las detenciones policiales son arbitrarias
Hace cuatro meses, 17 personas fueron detenidas durante las protestas contra el presupuesto nacional. Distintos funcionarios públicos pidieron la expulsión del país de las que eran migrantes. Ahora, las investigaciones contra ellos fueron archivadas.
Sobre el cierre de la investigación de la muerte de Santiago Maldonado
El juez Gustavo Lleral decidió cerrar la investigación sin tener en cuenta que ocurrió en el contexto de un operativo represivo.
Argentina: el derecho a la protesta en riesgo
Autor/a: CELS
14 págs.
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El Encuentro Nacional de Mujeres terminó con represión
La policía provincial reprimió al finalizar el 33° ENM. Hubo mujeres hospitalizadas con impactos de bala de goma de la cintura hacia arriba y disparados a corta distancia. Detuvieron a diez encuentreras y les iniciaron causas por “atentado y resistencia a la autoridad y daños”. La defensa pública pidió que se investigue el accionar policial ya que, además, hubo irregularidades en el procedimiento.
Rechazo a la amenaza de Bolsonaro de poner fin al activismo en Brasil
Cerca de 3 mil organizaciones no gubernamentales, colectivos y movimientos sociales nacionales e internacionales rechazamos la declaración del candidato presidencial Jair Bolsonaro de que, al ser electo, pondría “un punto final a todos los activismos en Brasil”. Especificamos las razones por las que representa una amenaza a la democracia en la siguiente nota de repudio.
Otro mensaje del Poder Judicial en contra de la protesta social
La Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de personas que se encontraban realizando trabajo periodístico durante una protesta. La labor de registro es fundamental para el ejercicio de los derechos de quienes se manifiestan y del derecho a la comunicación. Además de un mensaje contra el derecho constitucional a la protesta, el Poder Judicial no ejerce su función de control del accionar policial en esos contextos.
