Presentamos una denuncia contra una empresa del grupo Techint por las desapariciones de dos defensores de DD.HH en México

Fue junto a sus familiares y organizaciones de México y Luxemburgo. Pedimos que se tomen las medidas necesarias y urgentes para la búsqueda del abogado Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, de quienes no se tiene información desde mitad de enero. Su desaparición fue luego de una asamblea por el incumplimiento de pagos de la empresa Ternium a la comunidad producto de la actividad minera.

Junto a otras organizaciones nos presentamos ante procedimientos especiales de Naciones Unidas solicitando se tomen medidas urgentes ante la desaparición del abogado de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca, y el líder de una comunidad indígena de Michoacán, en México, Antonio Díaz Valencia, a quienes se los vio por última vez el 15 de enero. La presentación fue elaborada en conjunto con Asesoría y Defensa Legal Sureste, Global Rights Advocacy-Defensa Global en Derechos Humanos, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (México) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle. 

Se presentó un llamamiento urgente al Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Relatora Especial sobre los defensores de derechos humanos para denunciar las desapariciones. Pedimos que se investigue el accionar de la empresa Ternium, que hace explotación minera en la zona, y se determinen sus responsabilidades en el marco de sus obligaciones de prevención, mitigación y reparación del impacto que sus actividades puedan ocasionar.

La última vez que se los vio a Ricardo y Antonio fue cuando participaron de una asamblea de la comunidad de Aquila que discutía la actividad minera que lleva a cabo la empresa siderúrgica Ternium en la región. Era para discutir los incumplimientos en la retribución a la comunidad por la explotación de la actividad minera en la zona. La comunidad indígena San Miguel Aquila, de Michoacán, está obligada a convivir con diferentes yacimientos mineros. Desde hace 20 años, la empresa Ternium extrae enormes cantidades de minerales, sobre todo hierro. Esa actividad minera provocó dentro de la comunidad fuertes conflictos sociales y políticos, generados por las regalías que pagaba la empresa y el impacto ambiental. También surgieron grupos de autoridades locales que estrecharon vínculos con la empresa pero que no habían sido electos de la manera prevista por las leyes agrarias. La comunidad los acusó de desviar fondos y acordar con Ternium beneficios. 

Durante 2018 hubo un conflicto entre la empresa y grupos de pobladores que se oponían a la expansión de su actividad y a que les otorgaran más de 200 hectáreas de tierra comunales. Ternium declaró que se vería afectado “seriamente” su funcionamiento y que tendría que reducir un 80% de su extracción de hierro. Eso implicaba una disminución en los ingresos que Aquila recibiría como regalías. Fue en ese contexto que Ricardo y Antonio impulsaron la regularización de las autoridades y el cumplimiento de las leyes que establecen el reparto de esas ganancias.

Las desapariciones ocurrieron en una zona en donde se registran conflictos mineros y situaciones de violencia que involucran a la empresa y a grupos armados vinculados con redes de  delincuencia organizada. Las tareas de Ricardo y Antonio están ligadas a la defensa del territorio indígena, protegiéndolo de proyectos de explotación de recursos naturales, que se llevan adelante sin el consentimiento de las comunidades. Hay muchas razones para suponer que sus secuestros y desapariciones están ligados a diferentes situaciones de amenazas que habían recibido.

El grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos tiene conocimiento del accionar de las empresas en México ya que visitó el Estado en 2017. En esa oportunidad destacó que “una de las principales preocupaciones causadas por las violaciones de los derechos humanos en relación con las empresas tiene que ver con el ejercicio inadecuado, por parte del Gobierno y las empresas, de la diligencia debida en materia de derechos humanos en el diseño y la ejecución de proyectos en gran escala en la reparación adecuada de los daños causados. Se trata principalmente de proyectos en los sectores de la minería, la energía, la construcción y el turismo, que a menudo afectan a las comunidades indígenas”.

En el llamamiento urgente ante Naciones Unidas solicitamos que se requieran medidas de búsqueda al Estado y a la empresa para que Ricardo y Antonio sean encontrados. Solicitamos particularmente que el Estado investigue la responsabilidad de la empresa y que ésta participe de los procesos de búsqueda, brindando información que aporte a la investigación.

La empresa Ternium Argentina posee el 28,73% de Ternium México. A su vez, la argentina es filial del holding de productoras de aceros planos del Grupo Techint. De acuerdo a la información publicada por Ternium a través del reporte de sustentabilidad de 2021, Ternium es “un productor de acero plano líder en Latinoamérica, integrada verticalmente y con instalaciones industriales en México, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Centroamérica ”. A su vez, Ternium Argentina es una subsidiaria de Ternium Internacional.

Quiénes son Ricardo y Antonio

Ricardo Arturo Lagunes Gasca tiene 41 años y es un reconocido abogado defensor de derechos humanos en México, con experiencia en litigio nacional e internacional en defensa del territorio y medio ambiente. Su acompañamiento legal a comunidades indígenas fue decisivo para la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos, especialmente de comunidades indígenas. 

Antonio Díaz Valencia es un reconocido líder de la comunidad indígena de la etnia nahua, en Michoacán. Tiene 71 años y se dedica a la educación y a la defensa de los derechos indígenas. 

Desapariciones en México

Las desapariciones en México son el problema más grave que enfrenta el país en materia de derechos humanos. Es un conflicto que cruza ejes territoriales, ambientales, a los sectores públicos y privados, en el cual se mezclan el narcotráfico y las políticas migratorias y ante el cual el Estado mexicano aparece impotente, sin instrumentos útiles para encontrar una solución. Se informaron más de 110.000 desapariciones registradas oficialmente en México, una enorme muestra del problema, que como en el caso de Ricardo y Antonio, tiene como blanco reiterado a defensores de derechos humanos.

Foto @GlorietaMx