Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2005, 33 personas que estaban bajo el cuidado del Estado murieron encerradas durante un incendio en el penal de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Después de más de 17 años, el Estado argentino reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por los hechos ocurridos y se comprometió a llevar adelante una serie de medidas para que muertes tan crueles no se produzcan nunca más. Desde el CELS, junto al Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) participamos de la audiencia en representación de las familias de Juan Ariel Campos, Omar Abel Pereyra y César Javier Magallanes.
“La Masacre de Magdalena, como se conoce en la Argentina, es un suceso que demuestra el desprecio por la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad. El incendio y las muertes fueron consecuencia de una política de mano dura que hizo explotar las cárceles bonaerenses, sobre todo con detenidos sin condena y bajo condiciones de hacinamiento inhumano. Para enfrentar la sobrepoblación la provincia optó por la construcción acelerada y precaria de módulos que no cumplían el más mínimo estándar internacional. Desde el 2005 ocurrieron otros incendios en penales y comisarías, también sobreocupados, lo que muestra la actualidad del planteo”, inició su alegato la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachy. La crisis continúa al día de hoy, con una sobrepoblación del casi 100% y 4.400 personas alojadas en comisarías policiales.
Luego de relatar en detalle cómo fueron los hechos que provocaron las muertes, se refirió a los compromisos que los países deben tener en materia de derechos humanos con las personas que están privadas de su libertad: “La construcción de una sociedad democrática obliga al Estado a tener una agenda de seguridad que impulse, por un lado, la persecución estratégica de conductas criminales pero, por el otro, a garantizar la dignidad del castigo y que este no se transforme en venganza”. “La defensa de los derechos humanos. exige que no pueda haber más detenides hacinades o con el temor de que en cualquier momento pueden ser las próximas víctimas en un incendio, o de una represión desmedida, o de la falta de cuidados”, agregó.
En representación del Estado participó el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Nicolás Rapetti, acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak. “Este hecho lamentable ha decidido al gobierno de la provincia de Buenos Aires a asumir el reconocimiento de la responsabilidad por la muerte de los 33 detenidos y de los 2 heridos”, dijo Alak, quien también anunció una serie de medidas reparatorias que contemplan la creación de un departamento y brigadas de lucha contra incendios en el Sistema Penitenciario provincial.
Luego, la comisionada Julissa Mantilla Falcón, relatora para Argentina, celebró el reconocimiento de responsabilidades del Estado. “Este es un mensaje para el caso, para la Argentina y para la región. Para que se entienda que las personas privadas de la libertad no pueden ser tratadas como personas de segunda, que no pierden la dignidad”. En el cierre, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, pidió al estado que sus políticas se dirijan también al poder judicial para limitar el uso de la prisión y no llenar las cárceles.
Cómo ocurrió la masacre
El hecho se inició esa noche de 2005 con una discusión entre dos internos. En un operativo desmesurado, quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron al módulo para reprimir el conflicto. Los penitenciarios efectuaron, al menos, 21 disparos con munición de goma dentro del espacio cerrado. La brutalidad de la intervención armada llevó a un interno a iniciar un fuego a modo de protesta.
El pabellón estaba completamente sobrepoblado. En este contexto, el humo se propagó rápidamente. Los colchones eran de poliuretano, una sustancia altamente inflamable que despide humos de toxicidad letal. El sistema contra incendios no funcionaba.
Al comenzar el incendio los penitenciarios decidieron trabar la puerta, convirtiendo el pabellón en llamas en una trampa mortal. De las 35 personas que se encontraban dentro del pabellón al momento del incendio solo dos sobrevivieron por las tareas de rescate realizadas por otros internos de la misma Unidad.
En febrero de 2018, casi 13 años después de aquel fatídico 15 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 5 de La Plata condenó al director del penal de ese momento; al jefe de turno y responsable del operativo represivo, y a un agente penitenciario. Luego el Tribunal de Casación Penal revocó la absolución de quien era la segunda jefa de la guardia de seguridad exterior. Aún queda pendiente que se avance en la responsabilidad penal y administrativa sobre la licitación, habilitación y funcionamiento del pabellón.
La sobrepoblación que registraba el sistema bonaerense, producto del abuso de la prisión preventiva, la inflación de las leyes penales y el uso abusivo del sistema penal como única respuesta llevaron a un colapso del sistema de encierro, que generó el escenario para que sucediera la masacre.