Durante la 53° Sesión del Consejo de Derechos Humanos, expresamos a los Estados Miembros y Observadores nuestra preocupación por las políticas y prácticas estatales que provocan muertes, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos en las fronteras internacionales y en sus proximidades. Frente a este escenario, solicitamos el establecimiento de un mecanismo independiente de monitoreo internacional para investigar graves violaciones en zonas de frontera y sus causas estructurales.
El caso más reciente y trágico de los últimos años fue el hundimiento de una embarcación, cerca de la costa de Grecia, en la que viajaban entre 400 y 750 personas, el 14 de junio pasado. Sólo fueron rescatadas 104 personas y se recuperaron 81 cuerpos, en tanto que cientas siguen estando desaparecidas.
Actualmente, muchos países ricos intentan, en conjunto y mediante presiones a los países de origen y tránsito, evitar que migrantes y solicitantes de asilo abandonen sus territorios y lleguen a sus fronteras. Estas prácticas generalizadas de externalización de controles migratorios contribuyen de manera significativa a las muertes, las torturas y otras graves violaciones de derechos humanos. En particular, contra personas de ciertos orígenes nacionales y características étnicas, raciales o religiosas a quienes se les obstaculiza su derecho a migrar y a obtener asilo a través de rutas seguras, y se las obliga a emprender viajes cada vez más peligrosos.
Esta nueva tragedia en las costas de Grecia -que se acumula a la extensa lista de muertes y desapariciones en el Mar Mediterráneo- revela las consecuencias irremediables que provocan las políticas securitarias y de control de fronteras, y el incumplimiento reiterado por parte de los Estados de los últimos acuerdos adoptados sobre el tema (la Declaración de Nueva York de 2016 y el Pacto Mundial para las Migraciones de 2018, para mencionar sólo algunos).
En Sudamérica vemos emerger, cada vez con más fuerza, políticas securitarias y restrictivas que buscan controlar los flujos migratorios obstaculizando la llegada al territorio del país de destino. Prácticas que parecían estar limitadas a los países del norte o al continente europeo, como la externalización de fronteras o el despliegue de fuerzas armadas en estas zonas, avanzan sin demasiada oposición hacia nuestra región y, año tras año, corren el límite de lo habilitado.
Desde la pandemia hemos documentado el uso de fuerzas militares para impedir el ingreso al territorio. En aquel momento, la justificación se encontró en la crisis sanitaria y el estado de excepción decretado en todos los países de la región. Las consecuencias del cierre de fronteras y la militarización fueron sumamente graves: utilización de disparos al aire para disuadir a migrantes, inclusive niños y niñas, uso de gases lacrimógenos, enfrentamientos y uso de la fuerza.
Recientemente hemos visto en la frontera entre Chile y Perú cómo el uso de las Fuerzas Armadas para gestionar los flujos profundiza los conflictos y aumenta la situación de vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad. Los agentes militares no cuentan con las herramientas ni la capacitación adecuada para realizar controles migratorios, ni tampoco con la formación para evaluar las necesidades de protección de la población migrante en situación de vulnerabilidad. A su vez, la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera y el decreto de estados de emergencia para responder a la movilidad humana eliminan los límites entre las políticas de defensa, de seguridad y sociales o humanitarias. La ampliación de sus atribuciones puede implicar riesgos de uso excesivo de la fuerza y de violación de los derechos humanos de las personas migrantes.
La creación de un mecanismo independiente de monitoreo en las zonas de fronteras resulta fundamental para investigar las graves situaciones que allí se producen, como también para prevenirlas y producir recomendaciones para políticas de frontera respetuosas de los estándares internacionales y de la dignidad humana.
Para incluir su firma institucional en el comunicado sobre el mecanismo independiente de monitoreo, ingrese aquí hasta el 13 de julio.
Otras intervenciones en el Consejo de Derechos Humanos
Durante la 53° Sesión participamos, además, de un evento paralelo sobre “Obstáculos para la regularización de personas migrantes y solicitantes de asilo. Tendencias y desafíos en las Américas” y del debate interactivo con el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, quien presentó su último informe temático sobre regularización migratoria.
Llevamos a estos espacios la necesidad de que los Estados reemplacen aquel modelo securitario y restrictivo por políticas de regularización amplias, accesibles y permanentes que garanticen los derechos de las personas migrantes y su protección internacional, tal como lo propone en su informe.
La mayoría de las tragedias y obstáculos que enfrentan las personas migrantes podrían evitarse con la creación y ampliación de rutas seguras, legales y accesibles para las personas que deciden migrar.