Con los votos del oficialismo, el peronismo federal y la izquierda, en Diputados se aprobó por 128 votos a favor y 114 en contra una reforma de la ley de alquileres que sostiene las principales protecciones que habían logrado les inquilines. Aunque disminuye el período de actualización del valor de un año a seis meses, la duración de los contratos se mantendrá en tres años y el monto se actualizará cada seis meses tomando como referencia el coeficiente Casa Propia. Además, la reforma prohíbe que se pueda pedir el pago de alquileres por adelantado y que los precios de los alquileres sean negociados en dólares. La ley entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, seguirá vigente la normativa aprobada hace tres años y los contratos que están vigentes deberán ser respetados.
La sanción de esta nueva ley de alquileres llega después de que el 23 de agosto la Cámara de Diputados diera media sanción a un proyecto, impulsado por Juntos por el Cambio, que planteaba una reforma regresiva. La intención era bajar la duración mínima del contrato de 3 a 2 años; establecer un plazo mínimo para los aumentos de 4 meses y sin un índice determinado y eliminar las sanciones ante el incumplimiento de la parte propietaria de registrar su contrato en la AFIP. El proyecto fue rechazado por la mayoría del Senado, que envió nuevamente a Diputados un dictamen con modificaciones.
El principal argumento que sostenía Juntos por el Cambio para impulsar la reforma era que la ley de alquileres había generado una menor oferta porque les propietaries no querían aceptar las nuevas condiciones. De esta manera, la solución era ceder y volver para atrás, a la espera de que la oferta aumente de nuevo. Pero este planteo omitía otras variables con impacto mucho más directo y probado sobre el mercado: los altos índices de inflación, la depreciación del peso y los salarios, la reactivación del turismo, que dinamizó el mercado de alquileres temporarios en dólares, entre otros. Nada garantizaba que estas concesiones a les propietaries se tradujeran en un aumento de la oferta.
Por otro lado, se proponía dar marcha atrás con una ley que ni siquiera se había puesto en funcionamiento. En un mercado tan desigual como el mercado de alquileres, es fundamental el involucramiento del Estado para hacer valer las condiciones que protegen a la parte más débil. No puede delegarse en la buena fe de las partes que esas nuevas condiciones se cumplan. Sin embargo, desde la sanción de la ley el Estado nacional no había hecho nada por hacer valer ese nuevo marco normativo. Ni campañas de difusión, ni la creación de ámbitos de denuncia por incumplimiento. Tampoco se había avanzado en ninguno de los puntos del programa nacional de alquiler social creado por la propia ley.
Por último, esa ley había sido sancionada justamente porque el mercado funcionaba mal y los hogares inquilinos demandaban más protección. La norma fue un avance para lograr condiciones mínimas de estabilidad y previsibilidad. La propuesta de volver atrás con la ley de alquileres suponía quitar esos derechos a la población inquilina. Esto era particularmente grave en un contexto de enorme fragilidad para esta población.
En noviembre de 2022, el CELS, ACIJ, Instituto de Geografía de la UBA, CEUR-CONICET, la Escuela IDAES (UNSAM) y la Red Contested Territories realizamos un relevamiento sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Los resultados revelaron una situación de profunda precariedad económica y habitacional y un mercado que funciona con altos niveles de informalidad.
Más del 63% de les inquilines está endeudado, ya sea con familiares, amigues, prestamistas particulares o con bancos. A su vez, el 62% de quienes tomaron deuda utilizó el dinero para pagar el alquiler.
Además, la encuesta mostró que el pago del alquiler se llevaba una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales de quienes alquilan su vivienda, pese a que les inquilines tienen mayor ocupación laboral que en 2021. Es decir, les inquilines trabajan más pero por ingresos que alcanzan para cada vez menos. Mientras que en el 2021 el 24% de los hogares destinaron más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, en 2022 esa proporción aumentó al 32%.
En este sentido, sostuvimos que les inquilines necesitaban ser protegidos y que la reforma que se aprobara no debía dar marcha atrás, en ningún caso, con los derechos conquistados en la ley de alquileres.
Durante el tiempo que la reforma se trató en las dos Cámaras, junto a otras organizaciones pedimos al Poder Ejecutivo que reafirmara la vigencia de la ley y exigiera que se prorrogaran los contratos que estaban en curso para no permitir especulaciones que provoquen más incertidumbre a quienes alquilan. Entre otras acciones, presentamos a senadores las razones por las que defendíamos la antigua ley y expusimos en el debate en las comisiones. También acordamos con otras organizaciones 10 puntos de consenso que deberían tenerse en cuenta para una política nacional de alquileres.
Ahora que se logró proteger el piso de derechos conquistado, es necesario avanzar en medidas concretas para hacer valer esos derechos, y hacer que el alquiler sea un modo accesible y adecuado de acceso a la vivienda: políticas de producción de información pública sobre este mercado, creación de ámbitos y mecanismos de denuncia, subsidios, generación de un parque público de viviendas en alquiler, entre muchas otras.
Necesitamos un Estado con un rol protagónico en el mercado, que se involucre activamente para hacer valer el derecho a la vivienda de quienes dependen de su trabajo para tener un lugar donde vivir.