El 3 de octubre el juez de la corte del distrito sur de Florida, Edwin Torres, rechazó el segundo pedido de extradición desde Estados Unidos del ex marino Roberto Guillermo Bravo por la masacre de Trelew. El juzgado de Rawson lo había solicitado en el marco de la causa que investiga el fusilamiento de militantes de Montoneros, FAR y ERP que intentaron fugarse del Penal de Rawson el 22 de agosto de 1972.
Bravo nunca pudo ser juzgado en Argentina. En 1973 fue enviado a Estados Unidos por la Armada como agregado militar en la embajada argentina y desde su retiro de la fuerza en 1979 permanece en ese país, del que hoy es ciudadano.
En 2010 el primer pedido fue rechazado por supuesta falta de causa probable, entre otras razones. Luego de la sentencia dictada en 2012 en la que se condenó a otros coimputados a prisión perpetua por los 16 homicidios agravados y los 3 homicidios en grado de tentativa, y su revisión y confirmación por la Cámara Federal de Casación Penal, el juzgado de Rawson reiteró el pedido de extradición con toda la prueba producida en el juicio.
La audiencia del segundo pedido de extradición se realizó en marzo de 2020. Hace unos días, el juez Torres dictó sentencia. En ella reconoció a las víctimas, su sufrimiento y tuvo por acreditados los hechos de la masacre de Trelew. En su fallo valoró la condena civil impuesta a Bravo en Estados Unidos a partir de una demanda de las familias de las víctimas presentada por el Center for Justice and Accountability y apoyada por el CELS.
El juez Torres también determinó que había causa probable suficiente para justificar la extradición y que nada impedía que el gobierno de Estados Unidos procesara penalmente al ex marino por estos hechos. Sin embargo, rechazó el pedido de extradición alegando que para Bravo aplica la excepción de “crimen político” que establece el tratado de extradición suscripto entre Argentina y los Estados Unidos. Gran parte de sus conclusiones sobre esta excepción se basaron en el testimonio de dos testigos que Bravo presentó en 2010, quienes dieron una versión sesgada de la historia argentina.
Este nuevo fallo demuestra el desconocimiento de la historia argentina, del proceso de memoria verdad y justicia y los estándares aplicables en materia de derechos humanos. El fiscal de la causa que tramitó en Florida había sostenido al pedir que se concediera la extradición que “la masacre de Trelew fue un acto de barbarie para el cual el Tratado no proporciona ningún refugio seguro”. El juez rechazó esta posición y la sentencia no es recurrible.
En 2022 un jurado compuesto por ciudadanos estadounidenses consideró a Bravo responsable de la masacre perpetrada el 22 de agosto de 1972 y le impuso la condena de compensar a las víctimas. Seguimos con atención el proceso de revisión de la condena civil contra Bravo ante la Corte de Apelación de Florida.
A 51 años de la Masacre de Trelew seguimos acompañando más que nunca a las familias de las víctimas en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.