La justicia federal de Pehuajó intimó ya dos veces al Ministerio de Economía a presentar un plan de obras en barrios populares. Está semana le dio -a pedido del Ministerio- veinte días más para contestar, de forma excepcional e improrrogable. En diciembre de 2023, el gobierno nacional decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y paralizó más de 30.000 obras necesarias para proveer agua potable, energía eléctrica, redes cloacales o mejorar viviendas en numerosos barrios del país.
En noviembre de 2024, el juzgado hizo lugar a una medida cautelar que presentó el CELS en representación de las personas que viven en 37 barrios populares de distintos distritos del conurbano bonaerense, de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut. Demandan que se reinicien los trabajos de infraestructura de servicios, desarrollo de equipamiento comunitario y mejoramientos habitacionales interrumpidos. El juzgado le dio tres meses al gobierno para presentar un plan, con plazos y detalles para continuar con la política de integración socio urbana. El 25 de febrero de este año, luego de incumplir el plazo, y a partir de una presentación del Asesor de Menores, el juzgado intimó al Ministerio a cargo de Luis Caputo a presentar el plan, que debía incluir la articulación prevista con las provincias. Volvió a incumplir.
Los programas que están frenados buscaban garantizar el acceso a servicios básicos y mejoras en las casas de 334.000 familias. Se trata de familias que están viviendo los efectos de los enormes ajustes estatales vinculados a los cuidados y a mejorar las condiciones de vida de los sectores empobrecidos.
El FISU disponía de un financiamiento que surgía del Impuesto País: el gobierno lo redujo del 9% al 0,3%. Esto generó que en distintos barrios quedaran interrumpidas más de 700 construcciones destinadas a resolver problemas concretos en los barrios populares. La suspensión de obras también generó pérdidas del dinero que ya fue invertido por el Estado en infraestructura. La mayoría de esos proyectos quedaron a la intemperie durante más de un año y sufrieron deterioros.
En el barrio Cumba de Pehuajó, por ejemplo, en septiembre de 2024 se inició un plan de urbanización integral, con obras de pavimento, gas, cloacas, agua, veredas y forestación. Todo ese proyecto quedó detenido. Muchas de estas obras sin terminar empeoraron incluso la situación en esas zonas. El barrio Santa Paula, de Moreno, está atravesado por una zanja que se abrió para colocar un caño pluvial y tiene pilas de escombros en la plaza central.
El 44% de la población, más de 20 millones de personas, no tienen conexión a la red de gas. El 43%, vive en casas sin cloacas y, todavía, hay un 7% de la población sin acceso al agua potable. Para mejorar estas condiciones, el FISU disponía de un financiamiento muy concreto. El Ministerio de Economía tiene que cumplir con la orden judicial y presentar el plan para recuperar una política que buscaba mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
Mesa Nacional de Barrios Populares
Centro de Estudios Legales y Sociales