Corte Suprema: rechazamos las candidaturas de Lijo y García-Mansilla
Presentamos ante el Ministerio de Justicia de la Nación observaciones sobre las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo para la CSJN. Entendemos que sus perfiles son incompatibles con los estándares requeridos para integrar el máximo tribunal.
Conocer la verdad requiere el acceso a los archivos
El Ministerio de Defensa desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas. Es urgente que se tomen medidas de preservación de la documentación para sostener el trabajo de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura.
Milei dejará más desigualdad y violencia
Mientras el gobierno nacional celebra el “déficit cero” como el principal logro de sus primeros cien días, destruye los ingresos de las mayorías, recorta las jubilaciones, aumenta la pobreza infantil y desmantela las dependencias públicas. Daños difíciles de reparar.
Reglamento de uso de armas: el gobierno nacional otra vez promueve la violencia institucional y avala escenarios de impunidad
La resolución del Ministerio de Seguridad amplía las situaciones en las que la policía puede usar sus armas, otorga más discrecionalidad a su intervención y busca evitar los controles judiciales en los casos de uso de la fuerza letal.
Apertura de sesiones: es urgente que el Congreso rechace el DNU 70/2023
Organizaciones de la sociedad civil recordamos que los legisladores y las legisladoras deben ejercer su rol, tratar sin demoras este decreto e intervenir siempre que el Poder Ejecutivo exceda los límites constitucionales.
La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso
Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.
Por un Congreso activo, no delegativo: hoy se trata la ley ómnibus
El proyecto enviado al Congreso por el gobierno contiene la delegación de facultades en términos vagos y generales. Esta imprecisión da márgenes enormes para la discrecionalidad, la arbitrariedad y gobernar por decreto, sin el control legislativo.
Para la ONU, el protocolo y el proyecto de ley ómnibus criminalizan la protesta: insta al gobierno a revisarlos
Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Ley ómnibus: solicitamos al Congreso que respete la deliberación y la participación ciudadana
Con distintas organizaciones de la sociedad civil pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias para que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.
Pedimos a la CIDH y a la ONU que intercedan para que el Estado argentino termine con la persecución a la protesta
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
Sobre el proyecto de “ley ómnibus”
El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.
Decreto de Milei: es inconstitucional e incompatible con el derecho internacional
Autor/a: CELS
25 págs.
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Se terminó la feria: el recorrido de las causas contra el DNU 70/23 en el Poder Judicial
Distintos fueros habilitaron la feria para tratar las presentaciones hechas contra el DNU, entre ellas la del CELS. En algunos casos suspendieron el tramo del decreto sobre trabajo.
Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el DNU 70/2023 de Milei
Fue con una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. Entendemos que el decreto viola la división de poderes y suprime o restringe derechos, garantías individuales y colectivas. Señalamos que con la presentación de este DNU el poder ejecutivo altera reglas constitucionales, asumiendo facultades que le están prohibidas y son del Congreso.
El gobierno busca modificar la Constitución por decreto
El DNU que anunció el presidente Milei en la noche del 20 de diciembre, avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes de forma antidemocrática. Con su entrada en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda.
Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH
Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.
Es necesaria una urgente refundación del sistema nacional de inteligencia
Con una nueva intervención, el gobierno dispuso modificar decisiones que se tomaron desde la reforma de la ley de inteligencia en 2015. Reafirma así que no hay una política de Estado de inteligencia nacional. Una vez más el sistema político muestra su fracaso en acordar una reformulación del sistema de inteligencia, democratizarlo, transparentarlo y hacerlo eficaz para proteger los intereses nacionales.
