La reforma del sistema de inteligencia que el gobierno de Milei hizo con el DNU 614 elevó al máximo el secreto de las actividades de la SIDE. Ese decreto ya tenía enormes zonas grises e imprecisiones que habilitan la vigilancia masiva de la población. Ahora, el nuevo plan de inteligencia -del que conocemos trascendidos en la prensa- parece orientado a espiar a todas las personas que opinen en contra de las políticas del gobierno. Esto ubica a opositores, organizaciones y periodistas como blancos de las tareas de la SIDE, algo prohibido directamente por la Ley de Inteligencia Nacional.
El nuevo plan faculta al sistema de inteligencia a producir información de lo que denominamos inteligencia política, algo que es ilegal en la Argentina. El artículo 4 de la Ley de Inteligencia prohíbe expresamente el espionaje basado en ideas políticas o vinculado a cuestiones sociales o religiosas. El Estado no puede producir o acopiar información sobre las tareas que realizan esas personas o grupos y, menos que menos, vigilarlas secretamente. Está prohibido hacer informes de inteligencia para monitorear la conflictividad política y social y usarlos para garantizar la gobernabilidad de la actual gestión de gobierno.
Por la información que se difundió en la prensa, este plan incorpora hipótesis de conflicto diversas entre las que incluye a quienes cuestionen la política económica en la opinión pública, a las personas que en el debate político hagan críticas a los planes de gobierno en general o también a quienes organicen protestas para objetar los planes oficiales. Todos estos grupos podrían ser acusados de terroristas o de atentar contra la gobernabilidad. Estas directivas generales de inteligencia están directamente vinculadas a la retórica polarizante que el gobierno mantiene a diario con cualquier tipo de oposición política, disidencia o reclamo y que ya se concretó en la detención arbitraria de manifestantes acusados de intentar un golpe de estado o en ataques directos a la prensa.
La ambigüedad y falta de precisión del Plan, que habilita estos blancos de inteligencia, y la habilitación legal para que organismos estatales se inmiscuyan en ámbitos privados pone en riesgo derechos humanos protegidos por la Constitución Nacional. Y esto es posible porque las normativas y la vigilancia se pueden realizar en total y absoluto secreto. Es vital que el Congreso dimensione la gravedad que tiene esto para la democracia y controle las tareas de inteligencia. Además es central trabajar en una reforma del DNU 614, que impuso un nivel tal de secreto que cada vez se vuelve más difícil saber qué están haciendo y sobre quiénes hacen hoy vigilancia ilegal.
Además del Plan trascendió una orden directa, secreta, firmada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, de enero de este año, que aplica el Plan. Ordena “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables”, “actores no estatales”, “actores estatales” extranjeros que ganen influencia con la polarización política. También ordena producir informes sobre ellos y analizar el impacto de sus acciones en la “estructura política e institucional de la Nación”. Conocemos apenas citas de esa orden.
En la historia argentina sobran antecedentes del acopio de información, vigilancia y seguimientos respecto de activistas gremiales, sociales, de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos, en base a sus actividades, opiniones y posturas políticas. El sistema político no puede utilizar a la SIDE como una herramienta para la intervención política.
Los cambios que hizo el gobierno de Milei debilitan cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia. Tienen un nivel de opacidad que permiten usar el dinero de los fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes, con la que ya buscan acallar a las voces disidentes.or eso es necesaria una reforma que contrarreste el paradigma de secreto y tener órganos de control independientes. Es urgente ahora que detengan cualquier tipo de inteligencia ilegal y que el decreto 614 sea revisado por la Comisión Bicameral de Inteligencia y que también el poder judicial investigue.