El encarcelamiento de Alesia Abaigar no es un hecho aislado. Es parte de un esquema de persecución política impulsado por el gobierno de La Libertad Avanza. Ese despliegue tiene vías distintas: el uso arbitrario y desproporcionado del sistema penal, el hostigamiento en redes sociales, el uso de inteligencia artificial para crear noticias falsas y desprestigiar voces críticas, el ciberpatrullaje ideológico a “amenazas”. El punto en común es el uso de los recursos del Estado para amedrentar, disciplinar, silenciar y generar de esa forma una discusión pública cada vez más desigual. También es un hecho de criminalización selectiva, por eso el mensaje es político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso cárcel. Quienes lo apoyan, pueden hacer y decir cualquier cosa.
En el caso de Abaigar, una contravención menor -en el caso de que se pudiera comprobar su participación en el escrache a Espert- pasó a ser desestabilización o violencia política. La consecuencia de eso es que hace días que está detenida, pasó 48 horas incomunicada y fue trasladada a una cárcel federal, como si se tratara de una detenida de máxima peligrosidad. Esa respuesta desproporcionada vulnera garantías básicas.
La participación, la opinión y la expresión están cada vez más amenazadas. El ministerio de Seguridad está implementando el ciberpatrullaje bajo definiciones tan ambiguas de “amenaza”, que afecta la libertad de expresión en redes y nuestra privacidad digital. Las amenazas que realmente circulan -de funcionarios de gobierno y milicias digitales libertarias- se instalan, en cambio, como una cultura política que empieza a normalizarse y que, a medida que avanza, desgasta la vida democrática.
El poder judicial episódicamente colabora con sectores políticos oficialistas para estirar tipos penales y reinterpretar de manera cada vez más restrictiva el derecho a la protesta. Ocurrió con el encarcelamiento de Milagro Sala, las detenciones del 8 de marzo de 2017, del 12 de junio de 2024, entre muchas otras. Bajo esta lógica, manifestarse, criticar, ironizar o recurrir al humor político puede ser considerado delito. Hay un rol central de jueces y fiscales en evitar que el derecho penal se transforme en la herramienta de una política autoritaria. Y al sistema político, social, sindical, cuidar las instituciones pasa hoy, además, por no dejarse intimidar, denunciar y visibilizar este tipo de arbitrariedades, independientemente del espacio al que se pertenezca.