Así recordamos y vamos a extrañar a Mario Wainfeld
Fue un periodista comprometido con los derechos humanos, con las luchas de les trabajadores, con la memoria, la verdad y la justicia. Como socio del CELS, nos compartía su mirada certera, su solidaridad y su calidez. Murió este 21 de septiembre a los 74 años. Abrazamos a su familia, a sus amigos y amigas.
ARA San Juan: no se debe convalidar la inteligencia ilegal sobre familiares de marinos que reclaman respuestas del Estado
Participamos como amicus curiae en la audiencia convocada por la Cámara de Casación Federal para resolver los sobreseimientos del ex presidente Macri y sus funcionarios de inteligencia por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino. Planteamos que la persecución y el espionaje que sufrieron las víctimas constituyen delitos muy graves y que la cámara de apelaciones los convalidó arbitrariamente.
Letalidad Encubierta: cómo las armas “menos letales” impactan la salud y los derechos humanos
Junto con la Red INCLO y otras organizaciones de la región, presentamos un nuevo informe sobre las consecuencias del uso de estas armas en la represión de la protesta social.
Murió un manifestante por una represión en el Obelisco
La Policía de la Ciudad avanzó a los golpes contra un grupo de personas que realizaba una asamblea en el centro de Buenos Aires. El militante popular y reportero Facundo Molares murió luego de ser detenido y aplastado contra el piso durante varios minutos. Estas acciones policiales no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Manifestarse no puede ser una decisión que ponga en riesgo la vida.
A seis años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado
El joven fue visto con vida por última vez el 1 de agosto de 2017. Participaba de una protesta cuando un grupo de gendarmes irrumpió de manera violenta en la comunidad Pu Lof de Chubut. Hasta el momento la investigación no avanzó en determinar las responsabilidades materiales y políticas de ese operativo.
Comunidades indígenas de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos impulsan la nulidad de la reforma constitucional
El Tercer Malón de la Paz marcha a Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional. Apoyando ese reclamo más de 60 comunidades de la provincia y distintas organizaciones hicieron una presentación ante la Corte Suprema jujeña para que la reforma se anule.
Pedimos a la CIDH protección para personas defensoras de derechos humanos en Jujuy
Junto a ANDHES presentamos medidas cautelares para protegerlas. Estas personas hoy están en riesgo ya que no hay una tutela judicial efectiva que los ampare. El Estado jujeño está poniendo en juego todos sus recursos para perseguir a referentes de distintas organizaciones sociales. El poder judicial no está controlando la actuación abusiva de los fiscales y del poder ejecutivo.
Casación ordenó a la justicia federal de Jujuy que proteja a pueblos indígenas y manifestantes
Fue a partir de un habeas corpus que presentamos con Andhes y que acompañó Xumek por los numerosos casos de represión tras la reforma constitucional que limita derechos, entre ellos, el de la protesta.
Jujuy: una reforma constitucional para recortar derechos
Junto a otras organizaciones presentamos una carta a la Convención Constituyente provincial expresando nuestra preocupación por los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma y los graves problemas del procedimiento que llevaron adelante.
El poder legislativo de Salta limita el derecho a la protesta
Sin debate en comisiones y en solo 48 horas aprobó una ley que obstruye las manifestaciones y habilita la criminalización de los que participen en ellas. La nueva norma establece que se debe pedir autorización para llevar adelante una protesta y otras graves restricciones para el uso del espacio público.
Milagro Sala: 7 años de uso político del encarcelamiento
Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica.
Brasil: la amenaza de la derecha antidemocrática
El pasaje a la acción de estos sectores impone reflexiones y acciones urgentes. ¿Qué sucede cuando las democracias brindan herramientas y posibilidades para que algunos grupos busquen limitarlas o terminar con ellas? ¿Con qué instrumentos contamos para defender la democracia frente a ataques como este?
ARA San Juan: hacer inteligencia a quienes protestan es ilegal
Nos presentamos como amicus ante Casación Penal y pedimos que revierta el fallo de la Cámara de Apelaciones que sostuvo que no es delito el espionaje que le hicieron a las familias porque estaba involucrada la seguridad presidencial.
A dos años de Guernica, las familias siguen sin tener un lugar digno donde vivir
La toma impuso en la agenda pública la situación desesperada de millones de personas, problemática que para esas personas sigue sin resolverse. Sin políticas que generen lotes accesibles, los sectores populares no tienen más opción que ocupar predios vacíos.
Pueblos indígenas: el Estado no cumple sus compromisos y retrocede ante las presiones racistas
A pesar de que tienen derecho a la posesión y propiedad de sus territorios ancestrales, no se hace efectivo ni existen tampoco políticas que les garanticen desarrollar su vida en relación con su identidad. Los avances de las últimas décadas fueron insuficientes. Muchas veces, la respuesta estatal se organiza detrás de discursos y estereotipos que los estigmatizan. El crecimiento de sus reclamos está vinculado con esta deuda histórica.
Derecho a la protesta: encuentro de organizaciones de América Latina
Entre el 25 y el 27 de julio realizamos un evento en Buenos Aires para debatir sobre la actualidad en nuestra región. Participaron compañeres de Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Ecuador y México.
La protesta social es un derecho que los Estados deben garantizar, no reprimir
Junto con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae en la demanda por el crimen de Antonio Tavares Pereira, asesinado por la policía brasileña en el año 2000. En esa represión también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra.
Criminalización de la protesta: nos presentamos como amicus en la causa de Arakaki y Ruiz y señalamos el riesgo de utilizar figuras como la “intimidación pública”
Los dos militantes fueron condenados por los incidentes de 2017, cuando en el Congreso se trataba la reforma de las leyes previsionales. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver los recursos de sus defensas. En nuestra presentación alertamos sobre la utilización de figuras penales vagas que buscan castigar los reclamos sociales.
El Salvador: estado de excepción y ataques contra defensores de derechos humanos
Organizaciones de la región manifestamos nuestra preocupación por la suspensión de garantías constitucionales del pueblo salvadoreño como respuesta al aumento de la violencia y la criminalidad.
Protesta en el Congreso: La sobrecriminalización de manifestantes es un mensaje de intimidación
La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta.
Pedido de desclasificación de información sobre la represión de 2001
El CELS le solicitó a la AFI y al Ministerio de Seguridad el acceso a información sobre la protesta social, las organizaciones y las decisiones tomadas desde el Estado frente a los episodios que sucedieron hace ya 20 años. El requerimiento abarca un lapso de tiempo desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2002. A partir de esos datos se busca reconstruir la verdad y la memoria sobre la respuesta estatal que reprimió la movilización social y política.
10 puntos para una ley nacional de protección de las protestas
A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, convocamos a debatir una propuesta integral de Ley nacional de protección de las protestas y manifestaciones públicas.
Es necesario poner fin al acuerdo de cooperación entre las policías de Argentina y Colombia
En el contexto de la violenta represión contra las protestas públicas en Colombia, organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por la vigencia de un convenio entre fuerzas de seguridad de ambos países.
Colombia: pedimos el cese de la violencia del Estado y que la CIDH investigue los actos de represión
650 organizaciones de la sociedad civil llamamos a una exhaustiva investigación de la represión de la protesta social y solicitamos a la CIDH una visita in loco y la creación de un grupo de expertos.
La Carcova: a 10 años de la masacre sigue el reclamo de justicia
Recién en junio de 2021 se realizará el juicio contra el ex policía bonaerense Sebastián Rey por los homicidios de Franco y Mauricio. Sus familias siguen esperando justicia. Mientras tanto, el poder judicial demuestra no tener apuro en juzgar a integrantes de fuerzas de seguridad.
Comunidad mapuche Buenuleo
Durante 2020, las comunidades mapuche sufrieron el embate de intereses privados, terratenientes y extractivistas.
La Legislatura porteña debe rechazar el uso de la tecnología de reconocimiento facial para la vigilancia del espacio público
El reconocimiento facial en las actividades de videovigilancia afecta de manera negativa múltiples derechos: a la privacidad, a la libertad de esxpresión y a la protesta, entre otros.
20 de diciembre de 2001: la Cámara confirmó las condenas por la represión
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la responsabilidad penal de funcionarios y policías por las muertes provocadas por la represión el 20 de diciembre de 2001, en la ciudad de Buenos Aires. El proceso sigue abierto porque ordenó la revisión de las penas.
Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea
Autor/a: María Victoria Pita y Sebastián Pereyra (eds.)
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Alertamos al Comité de DDHH de la ONU sobre los riesgos de retroceso en el derecho de reunión
Organizaciones de toda América advertimos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los riesgos de retroceso en los estándares de protección sobre el derecho a protestar.
Chile: informe final de la Misión Internacional de Observación
El documento, elaborado por el conjunto de organizaciones veedoras que se trasladaron a Chile del 6 al 11 de noviembre del 2019, da cuenta de las violaciones generalizadas a los derechos humanos por agentes estatales. También recalca que esta violencia, constatada entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre 2019, fue exacerbada por el dictado presidencial de estado de excepción.
Las consecuencias de las armas “menos letales” en Chile
Desde el principio de las manifestaciones en Chile, las autoridades llevaron adelante una represión sostenida e indiscriminada impensable desde la salida de Pinochet. Quedó en evidencia que las armas “menos letales” son inadecuadas para la gestión de protestas.
Introducción. El futuro de los derechos humanos
La potencia de los derechos humanos reside en su capacidad de poner en discusión los intentos de estabilizar una noción restringida de democracia que busca naturalizar que solo son viables los modelos económicos excluyentes y la gobernabilidad basada en el orden y la mano dura. Hoy, la desigualdad, los obstáculos para la participación política y … Continued
Chile: informe preliminar de la misión internacional de derechos humanos
La misión visitó Santiago de Chile, Valparaíso y Temuco para reunirse con organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, grupos y colectivos, así como con instituciones estatales. El resultado preliminar es un informe con el relevamiento de violaciones a los derechos humanos y recomentaciones al Estado chileno.
No se protege a la democracia cuando se la suspende de hecho
140 organizaciones de América latina se unen para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Chile y Ecuador.
La protesta amenazada
La INCLO reconstruyó once historias de personas heridas durante protestas en distintas partes del mundo. Sobre esto hablamos en Niceto, en una entrevista colectiva.
Intimidación de ciudadanos brasileños comprometidos con la ONU
Durante dos eventos paralelos en Naciones Unidas, fueron intimidados Jean Wyllys y Luciana Zaffalon. Wyllys es activista de derechos LGBTI, ex congresista brasileño y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH debido a las amenazas de muerte contra él. Luciana Zaffalon es secretaria de la Plataforma Brasileña de Políticas de Drogas.
El impacto de los nuevos autoritarismos en los derechos humanos
Representantes de distintas organizaciones discutieron en Ginebra la situación de Estados Unidos, Filipinas y Brasil, a la luz de gobiernos autoritarios y con un fuerte discurso antiderechos.
8 años de la masacre de La Cárcova: impunidad para los jefes policiales
Durante este tiempo el poder judicial obstaculizó la investigación penal sobre las responsabilidades de los jefes del operativo.
Argentina: el derecho a la protesta en riesgo
Autor/a: CELS
14 págs.
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Otro mensaje del Poder Judicial en contra de la protesta social
La Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de personas que se encontraban realizando trabajo periodístico durante una protesta. La labor de registro es fundamental para el ejercicio de los derechos de quienes se manifiestan y del derecho a la comunicación. Además de un mensaje contra el derecho constitucional a la protesta, el Poder Judicial no ejerce su función de control del accionar policial en esos contextos.
Defensa del disenso: informe internacional
La investigación conjunta de la red INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations) y la IHRC (International Human Rights Clinic of the University of Chicago Law School) ofrece recomendaciones prácticas para la protección estatal de los derechos humanos en protestas y manifestaciones.
Se presentó el informe anual del CELS en la Feria del Libro
“Derechos humanos en la Argentina” sintetiza el trabajo que realizamos en 2016 y 2017. Lo presentaron Paula Abal Medina, Laura Conte y María Pita, con la coordinación de Paula Litvachky.
La escalada represiva de la protesta social en la Argentina ante la CIDH
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos participamos hoy en una audiencia convocada por la CIDH sobre el derecho a la protesta en la Argentina, en la que también estuvieron presentes representantes del Estado nacional.
Argentina: el derecho a la protesta en riesgo
Autor/a: CELS
9 págs.
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Protesta social: violencia policial contra reporteros/as y periodistas
Autor/a: CELS y SiPreBA
16 págs.
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Audiencias en la CIDH: Derecho a la protesta en la Argentina y el indulto a Fujimori
Esta semana participaremos junto con otras organizaciones sociales y sindicales en dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A un mes de la represión del 14 de diciembre
Siete personas continúan detenidas por hechos relacionados con las protestas del 14 y el 18 de diciembre, en el marco de causas penales de carácter federal. Estas detenciones prolongadas con argumentos endebles implican procesos de criminalización muy preocupantes. Esta situación profundiza, además, el deterioro de las condiciones en las que se desenvuelve el proceso penal dificultando el derecho de defensa.
Protesta, movimientos sociales y represión estatal
Los nuevos contenidos publicados en nuestra plataforma Protestar es un derecho recorren el mundo: desde Kenia, Hungría y Australia hasta Perú, Canadá y la Argentina. Las amenazas a este derecho fundamental se pueden ver en las calles, con represiones violentas, y también en la vigilancia estatal y persecución judicial. Este proyecto on line fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.
Nuevas amenazas. Consecuencias del realineamiento geopolítico en la seguridad interior
Aun no es posible caracterizar un modelo único, coherente y homogéneo de las políticas de seguridad de Cambiemos. En algunos aspectos, el recambio de autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires no constituyó un punto de quiebre: las políticas de seguridad y las policías arrastran dinámicas de largo alcance, inercias institucionales y medidas que se repiten, ya observadas en la errática gestión de la seguridad ciudadana entre 2003 y 2015.
