La fiscalía general dictaminó contra el gobierno en la causa del protocolo antiprotesta
Dice que debería rechazarse la apelación del Ejecutivo y que quede firme la sentencia de primera instancia que declaraba nulo el protocolo impulsado por Bullrich. Ahora debe decidir la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Condenan a manifestantes solo con el relato policial como prueba
Son cuatro de las 14 personas detenidas durante el festival para protestar contra la Ley Bases en febrero de 2024. Ante la falta de evidencia, la sentencia le otorgó centralidad al relato de los policías que los apresaron. Fue la primera condena por la aplicación del protocolo anti protesta.
Acá dejamos huella: cartografía de la memoria
Realizamos un mapeo que recupera experiencias de organización y lucha que se desplegaron durante los últimos 50 años en todo el territorio argentino. Una señalización que hace memoria sobre momentos y acciones que desde 1976 construyeron resistencia, democracia y derechos, desde una librería o un recital hasta un escrache o una marcha contra la violencia policial.
Venezuela necesita garantías de reparación, participación y autodeterminación
Pronunciamiento de Surgentes, CELS, Dejusticia, Artigo 19 y WOLA en el Diálogo interactivo con la Misión internacional independiente sobre la República Bolivariana de Venezuela en Naciones Unidas.
Milagro Sala: 10 años de prisión arbitraria
La referente social se encuentra detenida en prisión domiciliaria mientras su estado de salud es cada vez más frágil.
Misiones: el poder judicial debe proteger el derecho a la protesta
Dos dirigentes docentes fueron condenados por participar de un acampe en reclamo de un aumento salarial en Posadas. En un contexto en el que el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales buscan debilitar la movilización social, el sistema de justicia tiene las herramientas y la obligación de resguardarla.
COP30: debates sobre litio, agroquímicos y derecho a la protesta
Estuvimos en Brasil en la conferencia de ONU en la que casi 200 países discutieron acuerdos contra el cambio climático y sus impactos. Planteamos que la transición energética debe hacerse con justicia y derechos humanos: sin represión, con respeto sobre el derecho a la tierra, la salud, la alimentación y la soberanía.
Entre la negación y la agresión: la imagen que Argentina dejó en el examen del CAT
El Comité Contra la Tortura de la ONU entiende que la Argentina está un contexto de cierre del espacio cívico. También señala que antes de este examen, nueve procedimientos especiales de la ONU advirtieron, entre otras violaciones a derechos, sobre uso desproporcionado de la fuerza, de armas menos letales y detenciones arbitrarias. El gobierno descalificó la evidencia.
Un Estado espía
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Criminalización de Thiago Florentín: excursión de pesca probatoria
El joven de 22 años fue procesado por participar en una manifestación durante un acto de campaña de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. Sin pruebas ni testigos que lo involucren, la causa avanza solo con el testimonio de un policía. Fuimos aceptados como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que deberá revisar este procesamiento.
Asamblea General ONU: protestar y migrar son derechos a defender
Esos temas fueron eje de los debates que propusimos en Nueva York durante las actividades de las semanas del Tercer Comité de #UNGA80.
Pablo Grillo: el gendarme Guerrero fue procesado por lesiones gravísimas y abuso de armas
La jueza Servini determinó que fue el autor del disparo que puso en riesgo la vida del fotógrafo el 12 de marzo frente al Congreso. El ataque fue durante la represión ordenada por la ministra Bullrich como parte de la aplicación del protocolo anti protesta.
Encuentro Regional Urgente: una llave para actuar en conjunto y fortalecer la democracia
Buenos Aires fue la sede de tres jornadas de trabajo para más de veinte organizaciones de derechos humanos de América Latina. Buscamos coordinar acciones colectivas para responder al presente autoritario y desigual, así como construir estrategias para el futuro del movimiento.
Criminalización de la política: esto es otra cosa
La concejal Eva Mieri lleva 12 días detenida -9 en el penal de Ezeiza- bajo cargos graves que no alcanzan a ocultar que está allí simplemente por una acción política. Su detención, leída junto a otras previas de militantes o participantes de protestas, confirma una intensificación del uso del aparato penal contra la organización política y un mensaje de intimidación a toda la militancia.
La ONU alerta sobre la represión y criminalización de la protesta en Argentina
En una carta dirigida al gobierno nacional, nueve relatorías especiales expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la violencia contra personas mayores y periodistas y los ataques a la independencia judicial. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales.
La persecución avanza
La criminalización selectiva da un mensaje político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso cárcel. Quienes lo apoyan, pueden hacer y decir cualquier cosa.
Derecho a huelga: nuevo intento del gobierno para limitarlo
A pesar de que el Poder Judicial ya había declarado inconstitucional los artículos que restringían el derecho a huelga en el DNU 70/23, el gobierno intenta otra vez limitarlo con el decreto 340/24. Amplía las actividades esenciales a prácticamente todas las tareas laborales y limita las medidas de fuerza.
Informe CIDH 2024: un diagnóstico sobre derechos humanos en Argentina
Deterioro del derecho a la protesta y de la libertad de expresión, retroceso en las políticas de memoria, pérdida de herramientas de protección para los derechos de las personas lgtbiq, ajuste sobre jubiladxs y aumento de la pobreza infantil, son algunos de los ejes sobre los que alertó la Comisión sobre nuestro país en su revisión anual. Reseñamos los principales puntos.
12 de marzo: fue represión violenta, no golpe institucional
La represión del 12 de marzo dejó un saldo brutal: 114 detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas, periodistas atacados y Pablo Grillo al borde de la muerte. El gobierno usó la idea de un “golpe” como excusa para justificar una escalada violenta. A un mes de esos hechos, no existe una sola prueba de atentado contra el orden constitucional, pero hay muchas sobre la política deliberada de castigo a la protesta social.
Manifestación de jubiladxs: pedimos a la Bicameral de Inteligencia que investigue la participación de la SIDE
Desde ICCSI solicitamos a la Bicameral que investigue la participación de la SIDE en la planificación del operativo, su intervención en terreno durante la manifestación, determine si elaboraron informes previos y evalúe si la intervención implica un riesgo de violación de derechos, dado el historial de espionaje y vigilancia ilegal.
La Justicia Federal observará la aplicación del Protocolo Antipiquetes
El Juzgado federal a cargo de Martín Cormick va a monitorear la protesta del 19 de marzo en el Congreso para determinar si el protocolo es contrario al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la integridad física. Es a partir de la causa que discute la constitucionalidad del Protocolo Antipiquetes en la justicia.
¿Qué Poder Judicial para qué democracia?
Columna publicada en la edición de marzo de Posdata, el boletín del CELS.
La represión como política: violencia, detenciones y el uso de armas peligrosas en Argentina
La movilización en el Congreso el 12 de marzo fue reprimida con violencia por un operativo masivo de cinco fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich había advertido de la represión con antelación. Gases, balas de goma y detenciones arbitrarias marcaron una jornada en la que el gobierno justificó su accionar con la narrativa del “golpe de Estado”.
ONU: denunciamos las restricciones al espacio cívico y la inconstitucionalidad de la deuda con el FMI
Expusimos sobre la situación actual en Argentina. durante la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos. Participamos de diálogos con las relatorías especiales, organizamos un evento paralelo sobre interseccionalidad propuesta y nos sumamos a un panel para debatir fortalecimientos de la sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas.
Audiencia CIDH: el Estado desconoció su responsabilidad por los asesinatos y la represión de diciembre de 2001
El Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001, luego de haberla aceptado en 2023. Los funcionarios no respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001. Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de la violencia estatal, luego de la declaración injustificada del Estado de Sitio.
Diciembre 2001 en la CIDH: pedimos límites a la actuación de las policías en las protestas
Los familiares de Diego Lamagna y Gastón Rivas -asesinados durante las protestas del 19 y 20 de diciembre- declararán en una audiencia el lunes 3 de marzo. La relevancia de esta audiencia es que permitirá avanzar en los límites de las fuerzas de seguridad en protestas y reforzar las obligaciones estatales para proteger la protesta.
Interseccionalidad y protesta
Autor/a: CELS, ILEX, CIVICUS
16 páginas
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Protocolo anti protesta: decenas de organizaciones pedimos su inconstitucionalidad
El amparo colectivo que iniciamos en 2023 contra el protocolo tiene nuevos y nuevas demandantes. Nos presentamos ante el juez para que nos permita ejercer su representación y le solicitamos que abra el proceso de incorporación de pruebas.
Orgullo antifascista
Columna publicada en la edición de febrero de Posdata, el boletín del CELS.
La sombra del antiterrorismo, incendios y detenciones arbitrarias
La narrativa antiterrorista avanza como herramienta de persecución en la Patagonia, mientras las autoridades desvían el foco del origen de los incendios y criminalizan a quienes exigen respuestas y se acercan a ayudar como brigadistas. Las detenciones arbitrarias se concretan sin pruebas, mientras los grupos racistas actúan con impunidad.
Un año en alerta
Columna publicada en la edición de diciembre de Posdata, el boletín del CELS.
2001: el reseteo político desde la protesta
Se cumplen hoy 23 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. La memoria de los hechos trae la respuesta masiva al estado de sitio, el recuerdo de la represión y también la incorporación para muchxs en un proceso intenso de politización.
Cuando hay violencia policial, ¿a quién protege el poder judicial?
Desde hace ocho años el juzgado n° 59 de la justicia nacional y correccional tiene a su cargo investigar la represión policial del 8 de marzo de 2017. En junio de 2023, después de la presentación que hicimos dos querellas, llamó a indagatoria a 15 policías. Entre ellos, jefes que estaban a cargo de la Sala de Situación. Este 10 de diciembre el juzgado se declaró incompetente con argumentos que tenía disponibles desde la foja uno. Se pasan la pelota.
Informe especial: Milei. 1 año
Autor/a: CELS
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Si viste tu derecho a protestar afectado, sumate a la acción colectiva
Las organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, agrupaciones o personas que sientan su derecho a protestar afectado por el protocolo de Bullrich pueden sumarse al amparo colectivo que impulsamos. Tienen plazo hasta el 19 de diciembre. Ponemos a disposición un instructivo y modelo para la adhesión.
Once de las 33 personas detenidas por protestar contra le ley bases fueron sobreseídas
La jueza Servini tomó la decisión después de analizar los videos que circulaban en los que se veía con claridad que no había delito. Esas imágenes ya estaban disponibles el mismo día en que se produjeron las detenciones.
Maldonado: siete años sin verdad ni justicia
Tras la represión a la protesta mapuche ordenada por la entonces y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santiago Maldonado estuvo desaparecido 77 días. El 17 de octubre de 2017 fue encontrado sin vida en el río Chubut. La investigación judicial aún no determinó qué pasó.
Encuentro regional: el derecho a la protesta y los límites que atraviesa en América Latina
Con organizaciones de Brasil, Chile, Colombia y Argentina, analizamos los desafíos para ejercer el derecho a la protesta y afrontar el achicamiento del espacio cívico en la región. Contamos con la participación de Gina Romero, relatora de reunión pacífica, y Felipe González, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado, quienes compartieron los alcances de sus funciones e intervenciones desde la ONU.
De pies a cabeza: el uso criminal de armas menos letales en la protesta en América Latina
Autor/a: Temblores y CELS
51 págs.
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Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina
Autor/a: CELS
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El gobierno de Milei deberá dar explicaciones ante la CIDH por la represión de la protesta
A siete meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La audiencia será el jueves 11 de julio a las 15.
ONU: denunciamos en el Consejo de Derechos Humanos la represión a la protesta, los ataques a la libertad de expresión y la extrema pobreza en la Argentina
Sobre la criminalización de manifestantes, organizaciones y periodistas expusimos en la 56° sesión en Suiza. En las respectivas relatorías, explicamos que esto ocurre mientras las medidas de gobierno empobrecen a las mayorías y desde la cancillería argentina respondieron con mentiras. Además, ante el grupo sobre empresas transnacionales y derechos humanos expresamos preocupación sobre el uso de agrotóxicos. En Ginebra también realizamos un evento paralelo con otras organizaciones sobre los gobiernos de extrema derecha.
Denunciamos ante la CIDH y la ONU restricciones al derecho a la protesta: detenciones y una escalada penal arbitraria y peligrosa
Fue tras la represión de la protesta de esta semana contra la Ley Bases en el Congreso. Más de 30 personas fueron detenidas de manera arbitraria y luego acusadas por la fiscalía de delitos graves contra el orden democrático, en línea con las acusaciones por terrorismo y golpe de estado que había realizado el gobierno.
El poder judicial no quiere intervenir en la protección de la protesta social
El 15 de diciembre del año pasado se publicó la resolución 943/2023 que establece que cualquier manifestación con cortes de calles o rutas es delito. Desde entonces presentamos diferentes acciones judiciales pidiendo que se declare su nulidad e inconstitucionalidad. Pero la discusión sobre el ejercicio del derecho a protestar se dilata: nuestras presentaciones pasaron por infinidad de manos de jueces sin que ninguno tome el caso y lo aborde seriamente.
Pierina: nos presentamos en la causa contra la activista LGBTIQ+ y alertamos a la ONU
Pierina Nochetti fue acusada de pintar una pared con la leyenda “¿Dónde está Tehuel?”. Hace dos años está sometida a un proceso penal, con consecuencias en su vida laboral, económica, social y política. El debate oral fue postergado dos veces y se vulnera su derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Llevamos su causa a relatorías de la ONU y nos presentamos junto con organizaciones de la región como amicus ante el tribunal que la juzgará.
La Corte IDH condenó a Brasil por el asesinato de un campesino durante la represión de una protesta
El crimen de Antonio Tavares Pereira ocurrió a manos de la Policía Militar durante una manifestación en la ciudad de Curitiba en el año 2000. En ese operativo también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae.
Balas de goma, gases y camiones hidrantes: un riesgo para la salud y los derechos humanos
Las armas menos letales no son “no letales”, sino que pueden causar lesiones graves, discapacidades y, en algunos casos, la muerte. Columna de opinión publicada junto a INCLO.
Denunciamos ante la ONU los retrocesos en derecho a la protesta, a la vivienda y el impacto de la deuda
Fue durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, Suiza. Conversamos con los relatores especiales sobre cómo las políticas económicas y sociales del gobierno degradan las condiciones de vida de las mayorías.
La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso
Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.
