Cuando llegan las bajas temperaturas, las personas que viven en la calle sufren situaciones mucho más críticas de las que ya padecen habitualmente. Muchas de ellas, además, tienen condiciones de salud delicadas que las vuelven más frágiles. Según el 3er censo popular realizado en la ciudad de Buenos Aires, viven dentro de la avenida General Paz 11.892 personas. En esta ciudad y en distintas provincias del país se incrementó la cantidad de muertes por la ola de frío y ya suman 63 desde comienzo de este año. En este momento en que necesitan una mayor ayuda estatal, el gobierno nacional decidió desentenderse de las políticas públicas que sirven para asistirlas, y derivó esas tareas a lo que puedan hacer las autoridades locales.
Miguel Antonio Villagra (67) murió el lunes 30 de junio en la Plaza 1º de Mayo, en el centro de Paraná. La organización que le llevaba comida denunció que el día anterior le pidió a las autoridades del municipio la intervención de una ambulancia para que fuera a buscarlo. Pero nunca tuvo respuesta. En Mendoza, Juan Leiva (51) murió en el hospital luego de estar internado por problemas respiratorios, agravados por el frío extremo. El 12 de junio, un hombre de unos 55 años fue encontrado muerto por la mañana temprano, probablemente falleció durante la noche, mientras dormía a la intemperie en la puerta del Hospital Fernández.
A través del decreto 373/25, el gobierno de Javier Milei modificó la ley que protege los derechos de las personas en situación de calle (27.654) y deslindó la responsabilidad del Estado nacional: pasó la responsabilidad total de la gestión a cada provincia. El Ejecutivo solo supervisará y, eventualmente, podrá financiar las jurisdicciones locales que lo necesiten. Esto limita los alcances del abordaje y el tratamiento coordinado para los diferentes distritos.
Estar a la intemperie, sufrir violencias físicas, no poder acceder a los servicios de médicos ni a un lugar donde dormir por falta de vacantes, más la mala alimentación, generan más dificultades para resistir el frío y agravan las condiciones de salud previas. La falta de políticas para abordar estos problemas de forma integral pone a las personas que no eligen vivir en la calle, pero que están allí por un entramado de abandonos y precariedad, en situaciones cada vez más críticas y con muy pocas expectativas de que eso cambie. El año pasado murieron 134 personas en todo el país, 28 de ellas en CABA. En lo que va de 2025, en esa Ciudad ya hubo 13 muertes.
En la ciudad de Buenos Aires aumentaron las situaciones de maltrato hacia personas en situación de calle por parte de agentes porteños: les quitan sus cosas, las echan de los lugares, las someten a requisas irregulares, a violencia física y verbal, a detenciones arbitrarias. Es un cambio preocupante desde 2024 en adelante, de abordar problemas sociales en términos de “orden y limpieza”.
Las personas que están viviendo a la intemperie están expuestas a todo tipo de vulneraciones. Es imprescindible que las políticas públicas sean pensadas con respuestas interdisciplinarias, que actúen ante la emergencia y que contemplen que la estigmatización y la criminalización solo aumenta el problema.