Las noticias desde Gaza revelan una tragedia humanitaria que cada día se profundiza. Muestran crímenes masivos que exponen un orden internacional que se aleja cada vez más de los compromisos de los Estados con los derechos humanos. Desde el feroz ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, que extiende hasta hoy la situación dramática de los rehenes, la respuesta de Israel se transformó en una ofensiva masiva, en el desplazamiento étnico y en la destrucción de todas las condiciones para el desarrollo de la vida, lo que incluye hospitales, escuelas, viviendas. La población palestina en Gaza fue deshumanizada por las voces de las más altas autoridades israelíes, que la equiparan con Hamas.
El sistema de Naciones Unidas, que surgió después de los acuerdos de posguerra en 1945 con la promesa de que “nunca más” los Estados podrían aniquilar a poblaciones, se muestra hoy debilitado y cuestionado, con signos de impotencia frente a la maquinaria desplegada por Israel, con la participación de Estados Unidos y otras potencias.
En diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva. Formuló preguntas sobre las consecuencias jurídicas de la violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado. También sobre medidas discriminatorias y cómo afectan sus políticas y prácticas al estatuto jurídico de la ocupación. Consultó también sobre las consecuencias jurídicas de este estatuto para todos los Estados y las Naciones Unidas. La CIJ contestó en julio de 2024. Declaró ilegal la ocupación israelí y la segregación de los palestinos, ordenó a los Estados no colaborar con esa situación y estableció parámetros que pueden catalizar sanciones y acciones en la ONU. En noviembre de 2024, la CIJ advirtió que había riesgo de genocidio y dictó medidas cautelares para proteger a la población palestina. En diciembre, la Asamblea General aprobó por amplia mayoría una resolución que insta a Israel a cumplir con sus obligaciones internacionales como potencia ocupante. Además, destacó la importancia del mandato de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y pidió apoyo a los Estados.
En el caso presentado por Sudáfrica, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto preventivo contra Netanyahu, su exministro de Defensa y uno de los líderes de Hamas por considerar que hay evidencia razonable de que son responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Al mismo tiempo, instancias importantes del sistema de protección internacional de derechos humanos están activas en la denuncia y registro de la situación extrema. La Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, no ha parado de exigir a la comunidad internacional que reaccione para poner freno a esta situación. Lo mismo hicieron 27 expertas y expertos de la ONU, quienes advirtieron que la comunidad internacional debe actuar inmediatamente y que Israel debe dejar de obstruir la asistencia humanitaria segura, eficaz y digna. Organizaciones locales e internacionales advierten, denuncian, documentan los crímenes y exigen solidaridad.
Contra todas estas intimaciones de órganos internacionales, los bombardeos continúan y cruzan todas las barreras del derecho internacional, mientras se profundiza la hambruna. Aumenta la sensación de que no hay norma ni fuerza que pueda evitar que termine de consumarse la masacre y la consiguiente anexión del territorio. Las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano con capacidad para imponer una salida política, están bloqueadas por el veto de Estados Unidos, que impide que se concrete el cese el fuego y el ingreso efectivo de ayuda humanitaria. Además, Estados Unidos impone sanciones contra la Corte Penal Internacional, a sus funcionarios, miembros de ONU y a las organizaciones palestinas y no palestinas que aporten a las investigaciones.
Gaza como punto de no retorno
El Gabinete de Seguridad de Israel anunció en agosto los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu para “tomar el control” de Gaza. En gran medida, ya destruida, y donde sobreviven en condiciones extremas casi un millón de personas. Este avance se presenta como parte de un supuesto esfuerzo para liberar rehenes, pero fue rechazado por algunos familiares de secuestrados, por sectores de reservistas y pilotos retirados e incluso recibió objeciones por parte de la cúpula militar israelí.
El gobierno argentino, desde el inicio de su gestión, mostró un alineamiento absoluto con el gobierno de Israel, sin que la evidencia sobre los crímenes haya producido alguna revisión de esa posición. Así, acompaña en soledad a Estados Unidos y a Israel en las votaciones en la Asamblea General.
El sistema internacional de derechos humanos no logra frenar la masacre, que anticipó y que denuncia en tiempo real. Pero, aún desde esa impotencia, sigue siendo una herramienta necesaria: fija un registro común oficial sobre el genocidio, establece ciertas reglas y abre el camino para exigir responsabilidades. Desde allí, nos sumamos al llamado internacional urgente para que cesen los ataques a la población palestina.