Como organizaciones nacionales de libertades civiles y derechos humanos, y como integrantes de INCLO, unidas por nuestro compromiso inquebrantable con los principios de justicia, rendición de cuentas y protección de las libertades fundamentales, expresamos nuestra solidaridad con nuestra miembro Al-Haq, que fue recientemente designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 14203 relacionada con la Corte Penal Internacional (CPI).
Al-Haq es una organización palestina de derechos humanos ampliamente reconocida, con décadas de experiencia en la documentación de violaciones de derechos humanos y en la defensa de la rendición de cuentas internacional. Al ser incorporada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), Al-Haq y otras dos importantes organizaciones palestinas, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), enfrentan ahora graves consecuencias financieras y políticas. Otras organizaciones han sido igualmente atacadas bajo la misma orden ejecutiva, que fue introducida para sancionar a quienes Estados Unidos identifica como apoyando el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) en formas que entran en conflicto con las posiciones del gobierno estadounidense.
Esta designación marca una peligrosa escalada en el proceso de socavar el trabajo legítimo por derechos humanos y desacreditar a las organizaciones que buscan justicia a través de mecanismos legales internacionales. Se inscribe en un patrón más amplio de ataques contra la sociedad civil palestina, incluida la criminalización ilegal en 2021 de Al-Haq y otros grupos como “organizaciones terroristas” por parte de las autoridades israelíes -acusaciones ampliamente condenadas por la ONU, los Estados miembros de la UE y actores globales de derechos humanos como infundadas y motivadas políticamente.
Nos preocupa profundamente que el uso de sanciones financieras contra defensores y organizaciones de derechos humanos comprometidos con la defensa legal siente un precedente devastador. Afecta a la sociedad civil global, debilita a las instituciones multilaterales de derechos humanos y muestra la disposición de los Estados poderosos a criminalizar los esfuerzos de rendición de cuentas cuando resultan políticamente incómodos. También implica una amenaza a las organizaciones de todo el mundo que actúan en solidaridad con las organizaciones palestinas y sus causas.
Afirmamos el papel fundamental de la sociedad civil -incluidas Al-Haq y organizaciones de derechos humanos afectadas de manera similar- en la defensa del derecho internacional, la documentación de abusos, la protección de los derechos de comunidades marginadas y el acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Llamamos a:
- El gobierno de Estados Unidos a revocar de inmediato las sanciones contra Al-Haq y otras organizaciones de derechos humanos afectadas;
- La comunidad internacional -especialmente a los Estados comprometidos con el Estado de derecho y el multilateralismo- a condenar de manera inequívoca el uso de sanciones por parte de Estados Unidos para silenciar o desprestigiar el trabajo legítimo de derechos humanos y a ejercer presión para que estas sanciones sean revocadas.
En solidaridad,
Agora International Human Rights Group – Rusia
American Civil Liberties Union (ACLU) – EE.UU.
Association for Civil Rights in Israel (ACRI)
Canadian Civil Liberties Association (CCLA)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) – Colombia
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Conectas Direitos Humanos – Brasil
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
Human Rights Law Centre (HRLC) – Australia
Human Rights Law Network (HRLN) – India
Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
Kenya Human Rights Commission (KHRC)
La Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS) – Indonesia
Legal Resources Centre (LRC) – Sudáfrica
Liberty (Reino Unido)