Las personas que no puedan acceder al aborto legal podrán demandar al Estado nacional

La Cámara Federal de La Plata ordenó al Ministerio de Salud informar en su web oficial que pueden sumarse a la demanda colectiva iniciada por La Ciega, con el patrocinio legal del CELS, todas las personas que hayan tenido obstáculos para acceder a una interrupción del embarazo.

La Cámara Federal de La Plata ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que informe sobre la apertura de una demanda colectiva para que toda persona que necesite interrumpir su embarazo y no pueda hacerlo por falta de insumos pueda demandar al Estado nacional. La demanda impulsada por la asociación civil La Ciega, con el patrocinio del CELS, busca remover los obstáculos que genera la falta de provisión estatal de misoprostol y mifepristona en el sistema de salud y garantizar la salud de quienes acuden por un aborto.

En su resolución, el tribunal rechazó la apelación del Ministerio y ratificó que la omisión en la compra y distribución de esos insumos afecta de manera homogénea a toda la población gestante del país. Por eso, reconoció a La Ciega como representante adecuada del colectivo y validó que este proceso sea tramitado como una acción de carácter colectivo, con efectos expansivos sobre todas las personas en esa situación.

Un punto clave del fallo es la obligación del Ministerio de Salud de la Nación de difundir la existencia de este litigio. En concreto deberá publicar un banner en su página web oficial durante 30 días y también un edicto en el Boletín Oficial. Allí deberá informar que toda persona con capacidad de gestar que haya querido acceder a una IVE/ILE y no lo haya logrado por falta de insumos puede presentarse en esta causa. El tribunal destacó que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la participación efectiva de la clase afectada.

De esta manera, la justicia no solo reconoce el derecho colectivo a acceder a la práctica de la IVE/ILE en condiciones seguras, sino que también ordena al Estado Nacional tomar medidas concretas de información. La decisión reafirma que los derechos sexuales y reproductivos, consagrados por la ley, deben ser garantizados con políticas públicas activas y con mecanismos efectivos de acceso a la justicia para quienes ven vulnerados sus derechos.

Foto: María Eugenia Cerutti.