Absolución para Cris Godoy

La acusación por “tentativa de abuso sexual simple” distorsiona los hechos y transforma un gesto expresivo en la marcha del Orgullo en un delito inexistente, ante la provocación de militantes libertarios. El proceso judicial habilita el hostigamiento transodiante. Desde el CELS advertimos sobre la criminalización de la protesta y la identidad de género.

El 11 de noviembre de 2023 durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en la Plaza San Martín, un grupo de militantes de La Libertad Avanza irrumpió en la manifestación para repartir boletas partidarias y decir consignas contrarias a los derechos del colectivo que marchaba. Ante esa provocación, Cris Godoy -activista trans- realizó un breve baile sin contacto físico ni connotación sexual.

Cris fue denunciada. La fiscalía la acusó de “tentativa de abuso sexual simple” y equiparó un acto expresivo propio de una protesta con un delito gravemente estigmatizante.

Las imágenes que están en el expediente -y señaladas en el sobreseimiento de primera instancia- muestran que no hubo ningún acto sexualmente relevante, ningún contacto, ninguna exhibición y ningún indicio de intención libidinosa. Se trató de un gesto simbólico en un espacio público y festivo. La acusación fiscal sexualiza un hecho que sólo puede comprenderse en clave política y expresiva, desconociendo una serie de principios, entre ellos el de legalidad y mínima intervención penal.

La persecución penal también debe leerse en su impacto colectivo. Tras la difusión del video, se desplegó una campaña de hostigamiento digital transodiante, que expuso nuevamente a una mujer trans a la violencia. El avance de este proceso legitima ese hostigamiento y genera un efecto disciplinador hacia quienes integran el colectivo LGBTIQ+, desalentando su participación en el espacio público y su derecho a expresarse políticamente.

La criminalización de la protesta con la aplicación arbitraria de figuras penales es incompatible con una sociedad diversa y plural, que aloja la diferencia. La Ley de Identidad de Género exige, además, evitar estereotipos y sesgos que afecten el trato digno de las personas trans. En este caso, incluso el uso persistente del nombre registral por parte del fiscal revela un tratamiento discriminatorio y una lectura prejuiciosa de la conducta.

Cris Godoy será llevada a debate oral y público el 27 de noviembre, en un proceso construido sobre una acusación sin sustento. El Juzgado en lo Correccional Nº 1 de San Martín debe decidir si avala la criminalización de una activista trans por un gesto político en la marcha del Orgullo, o si reafirma que el derecho penal no está para perseguir identidades ni disciplinar la protesta. Extender el derecho penal para alcanzar un gesto político es un uso desproporcionado del poder punitivo del Estado que amenaza el ejercicio de derechos fundamentales.

Por todo esto es que desde el CELS sostenemos que la imputación carece de sustento fáctico y jurídico. Y es por eso que nos presentamos como amicus curiae en la causa junto a Innocence Project Argentina y la Asociación Pensamiento Penal. Corresponde la absolución de Cris Godoy. La protesta, la identidad y la expresión disidente no deben criminalizarse.

Foto: Gala Abramovich