El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio un paso de enorme relevancia al concluir a principios de abril de 2026 que existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática. Esta evaluación, basada en años de información acumulada, advierte que los hechos pueden alcanzar la calificación de crímenes de lesa humanidad, en tanto forman parte de ataques reiterados contra la población civil en distintas regiones del país.
El análisis del Comité subraya además la complejidad del fenómeno. En las más de 130 mil desapariciones denunciadas en México, están involucradas organizaciones criminales que operan en muchos casos con distintos niveles de participación, apoyo o connivencia de agentes estatales. Este punto impide reducir el problema a la acción exclusiva del crimen organizado y enfatiza la responsabilidad estatal en prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
Al mismo tiempo, el Comité advierte que la respuesta institucional ha sido claramente insuficiente frente a la magnitud de la crisis. La persistencia de la falta de justicia, de una política nacional integral, las deficiencias en la búsqueda e investigación y la crisis forense muestran fallas estructurales contrarias a los derechos de las víctimas, sus familias y la sociedad. La carga de la búsqueda de las personas desaparecidas recae en sus seres queridos, lo que refleja la falta de respuesta estatal.
Frente a este panorama, el Comité decidió activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención y llevar la situación de México a la consideración de la Asamblea General de la ONU. Esta medida excepcional busca movilizar la atención internacional y promover acciones de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en áreas clave, además de la creación de mecanismos útiles para acceder a la verdad y la protección de las familias.
En este proceso, el trabajo del Centro Prodh ha sido fundamental para documentar la crisis, visibilizar sus patrones y acompañar a quienes buscan a sus familiares y exigen justicia. A través de su labor sostenida de investigación, litigio e incidencia internacional, contribuyó y sigue contribuyendo a que organismos como el Comité cuenten con información rigurosa sobre una de las violaciones más graves de los derechos humanos en la región.