La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su Informe Anual 2025 en el que analiza la desprotección de distintos sectores de la sociedad en la región, las regresiones de derechos que ya se habían conquistado y decisiones estatales que provocan el silenciamiento de las disidencias. Estos son los puntos más importantes de la evaluación sobre Argentina.
Memoria, verdad y justicia
El informe destaca los trabajos para la recuperación de nietas y nietos, la identificación de personas desaparecidas y la continuidad de los procesos judiciales por crímenes de la última dictadura. Pero señala su preocupación por la pérdida de autonomía institucional del Banco Nacional de Datos Genéticos y por el “debilitamiento o cierre de los espacios dedicados a la preservación de la memoria”.
Protesta social y espacio cívico
En el informe de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión se resalta el aumento de agresiones por parte de altas autoridades del Estado para silenciar las voces críticas. También destaca la violencia física contra la prensa en manifestaciones y el aumento de “acciones judiciales y el uso de mecanismos institucionales que restringen el debate público”.
Sobre el derecho a la protesta, la CIDH remarca que “se reportaron desafíos para la participación ciudadana, que forma parte esencial de la vida democrática” y expresó su preocupación por la violencia desplegada por el Estado en las marchas de jubiladas y jubilados.
Independencia judicial
La Comisión llamó la atención sobre el nombramiento de jueces “en comisión” para la CSJN a través de un decreto ejecutivo, y destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “advirtió que esta práctica podría afectar los principios de separación de poderes e independencia judicial, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho”.
Derechos de las mujeres y personas LGTBIQ
La CIDH observa “un debilitamiento institucional” por la eliminación de programas que servían para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Destaca también que la violencia contra las mujeres por motivos de género “se mantuvo en niveles alarmantes”, y menciona el aumento de crímenes y de relatos de torturas sistemáticas en cárceles contra mujeres trans y agresiones a sus defensoras.
Derechos sexuales y reproductivos
El informe toma las distintas presentaciones en las que, desde la sociedad civil, se ha denunciado el acceso limitado a métodos anticonceptivos, por recortes presupuestarios. También remarcó que se obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo “por falta de información, demoras, prácticas disuasorias y la falta de personal para brindar el servicio de salud”.
Derechos de los pueblos indígenas
La CIDH advierte sobre los desalojos violentos contra comunidades indígenas. Remarca su preocupación por la derogación de la ley de emergencia territorial indígena (26.160), que las protegía ante los intentos de expulsiones, y también por la revocación de los relevamientos catastrales y la reducción del presupuesto del INAI. El informe reconoce que esto sucede mientras los discursos oficiales criminalizan y estigmatizan a los pueblos originarios.
Movilidad humana
Respecto a la reforma a la Ley de Migraciones, señala que el decreto 366/2025 “amplía las causas de expulsión, elimina recursos de apelación que estaban previstos y reduce a la mitad los plazos procesales, restringiendo el acceso a la justicia”. En el informe se refiere a los operativos de desalojo de vendedores ambulantes, la mayoría de ellos de origen senegalés. Dice que “la actual política de medidas de control y seguridad impactó de manera diferenciada a la población afrodescendiente y migrantes africanas”.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
La Relatoría Especial de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA) detalla que la extracción de litio plantea “desafíos sobre los impactos derivados del uso intensivo del agua” y que la expansión de ese tipo de minería “puede poner en riesgo la supervivencia física y cultural de las comunidades y pueblos indígenas”.
La REDESCA sigue de cerca el impacto de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, y sostiene que afecta “de manera directa el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, a la vivienda y a la integridad física de las personas que habitan en la zona”. El CELS, junto a otras organizaciones, llevó al sistema interamericano la denuncia contra el Estado argentino.
Derechos de las personas mayores
El informe remarca que las políticas del gobierno “dejarían entre dos y tres millones de personas sin la cobertura total de sus medicamentos”. También destaca que se congelaron los montos de sus bonos y el veto de la ley que aumentaba pensiones y reinstalaba la moratoria jubilatoria.
Derechos de las personas con discapacidad
La CIDH refiere que recibió información acerca de la afectación de las políticas de ajuste sobre las personas con discapacidad, y registró “numerosas manifestaciones de personas y organizaciones de personas con discapacidad en rechazo a ajustes y reformas que impactan en sus derechos”. Mencionó además que se registran más de 110.000 suspensiones de pensiones por discapacidad laboral.
Derechos de niñas, niños y adolescentes
El informe señala la baja de al menos 10 programas sociales y culturales que funcionaban bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Esa decisión implicó “la eliminación de iniciativas destinadas a la promoción de derechos, el acceso a espacios de participación cultural y recreativas”.