En marzo realizamos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud sobre el estado de las nuevas solicitudes de pensiones a la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS). En la respuesta, que el Ministerio finalmente envió en junio, informó que cientos de miles de solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad siguen sin resolverse. Se trata de personas con discapacidad que esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice su derecho a una pensión. Para muchas, ese ingreso cubre sus necesidades básicas. La demora se traduce en situaciones de extrema vulnerabilidad para ellas y quienes las cuidan, en un contexto de incremento del costo de vida.
La Secretaría Nacional de Discapacidad informó:
– Total de solicitudes pendientes de resolución: 324.303
– De ese total, los solicitantes que no pudieron completar la documentación son: 96.949
– Es decir que los expedientes que están a la espera de una resolución son 227.354.
– El 72% de las personas con discapacidad o sus familiares iniciaron el trámite antes del 31 de diciembre de 2023. La respuesta agrega que el 86% de ese universo corresponde a solicitudes iniciadas entre 2020-2023 (200.011 expedientes).
– Los trámites iniciados en la actual gestión (enero 2024 – abril 2026) ascienden a: 90.791.
– Desde diciembre de 2023 se otorgaron 8.633 pensiones.
– Fueron rechazadas en el mismo período 1.741.
Entre otorgadas (8.633) y rechazadas (1.741) en más de dos años, la gestión resolvió unas 10.374 solicitudes, mientras acumula 227.354 pendientes que no dependen del solicitante y, de ellas, más de 90.000 iniciadas durante su propia gestión. La proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una parálisis.
La respuesta al pedido de información aclara que una solicitud solo está en condiciones de ser resuelta cuando reúne toda la documentación y pasó los cruces con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la Dirección Nacional de Migraciones. En ese sentido, hicimos un pedido de información aclaratoria para conocer con exactitud cuántas solicitudes completas están en condiciones de ser resueltas, discriminando por año de inicio del trámite.