La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este 3 de agosto una audiencia sobre el impacto del ajuste fiscal en el derecho a la salud en la Argentina, convocada a partir de una solicitud presentada por el CELS, ACIJ, REDI, Fundación Huésped, Fundación Soberanía Sanitaria y Fundación Grupo Efecto Positivo. Durante la audiencia mostramos con datos cómo el desmantelamiento de políticas públicas está afectando el acceso a medicamentos, vacunas, pensiones por discapacidad, tratamientos para personas con VIH, servicios de salud mental y cuidados, con consecuencias especialmente graves para personas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños y quienes viven con enfermedades crónicas.
Las y los comisionados se mostraron preocupados por el alcance de las medidas que tomó el Estado y preguntaron sobre el impacto concreto de los recortes, las evaluaciones que realizaron sobre sus consecuencias y qué hicieron para evitar interrupciones en tratamientos esenciales. Recordaron que la revisión de las políticas públicas no debe recaer sobre quienes ya viven en situaciones de vulnerabilidad.
Las respuestas de los representantes estatales confirmaron la magnitud del retroceso. El Estado informó que hasta junio de 2026 distribuyó apenas 17.300 botiquines del programa que reemplazó al Remediar. Ese dato, presentado como un logro, contrasta con la caída de un programa que distribuía alrededor de 162.000 botiquines en 2023 y 53.000 en 2025.
Del mismo modo, el Gobierno destacó que 1.553.000 personas acceden al subsidio para medicamentos esenciales del PAMI, sin mencionar que la cobertura alcanzaba a 4,6 millones de afiliados antes del ajuste y que durante 2025 se vendieron cerca de 20 millones de medicamentos menos. También informó que existen 716.000 personas con cobertura vinculada a discapacidad a través de Incluir Salud, pero omitió que desde el inicio de la gestión sólo se otorgaron 8.633 nuevas pensiones mientras más de 324.000 solicitudes permanecen pendientes de resolución.
La situación de las personas con VIH también muestra deterioro. En Argentina viven unas 140.000 personas con VIH y el 13% aún desconoce su diagnóstico. En los últimos tres años la distribución de test rápidos se redujo a la mitad y, al momento de la audiencia, 18 medicamentos destinados al tratamiento del VIH, la tuberculosis y la hepatitis C se encontraban sin stock a nivel central. Esto significa que 62.000 personas tienen la continuidad de sus tratamientos en riesgo.
También expusimos el deterioro de otros indicadores sanitarios. La vacunación infantil atraviesa un escenario de dos velocidades: mientras las vacunas del primer año de vida muestran cierta recuperación, las coberturas de los refuerzos para niñas y niños de 5 años siguen por debajo del 60%, cuando deberían alcanzar al menos el 95% para evitar brotes. El riesgo es que se está perdiendo la inmunidad comunitaria. También señalamos el desfinanciamiento de las políticas de salud mental y el recorte de prestaciones para personas con discapacidad producto de la falta de pagos y el atraso arancelario.
Al cierre de la audiencia, solicitamos a la CIDH que inste al Estado argentino a poner un freno a las medidas que afectan la salud, restablecer los programas desmantelados y reparar las afectaciones producidas. También pedimos que la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales elabore un informe específico sobre el impacto del ajuste fiscal en el derecho a la salud y evalúe realizar una visita al país para constatar la situación denunciada.
ACIJ
CELS
REDI
Fundación Grupo Efecto Positivo
Fundación Huésped
Fundación Soberanía Sanitaria