La debacle del 2001 fue la conclusión de una profunda y prolongada crisis económica y social, que comenzó tres años antes y provocó una reducción del 20% del PBI. Esta crisis no solo implicó la implosión de la convertibilidad sino que fundamentalmente constituyó la expresión del agotamiento definitivo del patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera que puso en marcha, a sangre y fuego, la dictadura militar entre 1976 y 1982 y continuó durante los gobiernos constitucionales que la sucedieron.
Es insoslayable subrayar que durante esa prolongada crisis se desplegaron por parte de los sectores dominantes dos propuestas alternativas a la convertibilidad que fueron conducidas por las fracciones del capital centrales en la valorización financiera, como fueron los grupos económicos locales, por un lado, y los acreedores externos y el capital extranjero, por otro. Los primeros, cuya expresión política estuvo constituida por la alianza de Duhalde y Alfonsín, enarbolaron la devaluación como vía de escape al régimen vigente, ya que les permitía multiplicar en forma proporcional los capitales que habían fugado al exterior durante las décadas anteriores. Por el contrario, las fracciones del capital extranjero, cuyos representantes políticos eran el FMI y el Banco Mundial, postulaban como la salida idónea de la convertibilidad la dolarización de la economía local. Como ocurría con la alternativa devaluacionista, no se trataba de una política que intentaba beneficiar al conjunto social, o al menos repartir equitativamente los costos, sino asegurar el valor patrimonial de sus activos fijos (empresas y acreencias) en dólares.
