A lo largo de los años, el CELS ha mantenido que la forma de abordar los crímenes cometidos durante la última dictadura se relaciona estrechamente con la situación social y política del país. Esta premisa resultó fundamental a la hora de pensar y actuar en torno a la reconstrucción institucional posterior a la crisis del 2001.
En este sentido, este capítulo se ocupa especialmente del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2005 que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. También reflexiona acerca de los hechos que confirman las denuncias sobre los crímenes ocurridos en la dictadura y que se vinculan con las acciones llevadas a cabo en el marco de las causas judiciales iniciadas. Un ejemplo de esto último son las sucesivas identificaciones de cuerpos.
Asimismo, se analizan los mecanismos propuestos desde el Estado para hacer lugar a la demanda social por memoria. En relación con esto, se realiza un seguimiento de la iniciativa del Espacio para la Memoria y para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos en la ESMA, así como de la preservación de los sitios en donde funcionaron centros clandestinos de detención y de la conformación del Archivo Nacional de la Memoria.
