El Estado argentino admitió ante la Corte IDH que no hubo avances en la sanción y castigo de los responsables de la muerte de Walter Bulacio, ni en la adecuación normativa necesaria para evitar que se repitan hechos de este tipo.
Esta publicación recopila relatos de algunos de los más de cien casos que el CELS denuncia actualmente en tribunales argentinos, así como de los más de treinta que patrocina ante organismos internacionales, junto con el análisis de las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos.
Representantes del CELS explicaron, ante la CIDH, las trabas que presenta el Estado argentino a la hora de cumplir con las sentencias y recomendaciones del sistema interamericano
El CELS participó de una audiencia de trabajo en la que informó a la comisión sobre la situación del caso de la organización Lhaka Honhat
Numerosas organizaciones de derechos humanos de la región exigieron a la Organización de Estados Americanos que tome medidas para garantizar la autonomía y la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las comunidades indigenas nucleadas en la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhakha Honhat, con el apoyo del CELS, vienen reclamando desde 1984, los lotes 55 y 14 al gobierno de la provincia de Salta y, ante su cerrada negativa se vieron obligadas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1998).
Esta publicación aporta importantes desarrollos producidos por la doctrina y la jurisprudencia argentina e internacional desde entonces, realiza un balance crítico de la recepción del derecho internacional por los tribunales argentinos y profundiza el debate sobre las trasformaciones y los ajustes institucionales que se requieren para dar cumplimiento al nuevo marco constitucional y para afirmar el compromiso de plena inserción del país en la comunidad internacional de los derechos humanos.
La implementación efectiva de los derechos humanos continúa siendo una promesa por cumplir en muchas de las democracias latinoamericanas. En relación con esta temática, este artículo trata una serie de puntos de contacto entre Argentina y Brasil.
Este documento reúne la de denuncia sobre las graves y reiteradas violaciones a la libertad y democracia sindical que tienen lugar en Argentina presentada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en marzo de 2004.
Esta publicación aporta importantes desarrollos producidos por la doctrina y la jurisprudencia argentina e internacional desde entonces, realiza un balance crítico de la recepción del derecho internacional por los tribunales argentinos y profundiza el debate sobre las trasformaciones y los ajustes institucionales que se requieren para dar cumplimiento al nuevo marco constitucional y para afirmar el compromiso de plena inserción del país en la comunidad internacional de los derechos humanos.
En este capítulo se examinan los informes emitidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer y por los mecanismos especiales de ONU; se analizan los pronunciamientos de la CIDH y también se hace referencia a la posición del Estado argentino ante los tratados de derechos humanos durante 2002-2003.
El “contrainforme” o “informe alternativo”, elaborado por especialistas que integran el Comité de CEDAW, pone conocimiento del Comité la información faltante o errónea respecto a los datos aportados por los Estados respecto a la situación de la mujer.
Este capítulo presenta informes relacionados con casos de brutalidad policial, impunidad, discriminación contra grupos vulnerables o con la falta de vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, como la situación de los jubilados o de los trabajadores.
En este capítulo se analizan las decisiones que sobre Argentina adoptaron a lo largo del año los organismos internacionales que supervisan y protegen la vigencia de los derechos humanos.
En este capítulo analizamos la conducta del Estado argentino, durante el año 1999, frente a los organismos internacionales que supervisan y protegen la vigencia de los derechos humanos.
En este capítulo nos proponemos analizar la conducta del Estado argentino, durante el año 1998, frente a los organismos internacionales que supervisan y protegen la vigencia de los derechos humanos.
La reforma constitucional de agosto de 1994, gran parte de los tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina, fueron incorporados al derecho interno con rango constitucional. En el mismo sentido, esta reforma dispuso que los restantes tratados tienen jerarquía superior a las leyes.